Cuestionada ha quedado la eficiencia de los organismos correspondientes para resolver los últimos casos de desapariciones y personas no ubicadas que han preocupado a la sociedad.
Algunos de estos se han aclarado con saldos trágicos, lo que ha aumentado el temor entre la población por el número atípico de casos similares que se han presentado en las últimas semanas.
Expertos consultados sobre el tema, consideran conveniente bajar el periodo para activar la búsqueda, cuando alguien desaparece del radar de sus seres queridos, que en la actualidad es de 72 horas.
Carlos González, criminólogo y psicólogo, sugiere bajarlo a 48 horas, tiempo vital para poder dar con la víctima, en caso de secuestro o rapto.
“En otras partes del mundo, los dos primeros días son cruciales para poder dar con la víctima. Aquí son 72 horas, eso es demasiado tiempo”, consideró.
El periodo de espera para activar la búsqueda de una persona es 72 horas
Por su parte, el abogado Alfonso Fraguela es aún más radical y sugiere que la búsqueda se active luego de 24 horas.
“Las primeras 24 horas son vitales en cualquier caso de esta naturaleza, sea secuestro, venta de órganos, prostitución o cualquier otro objetivo del hecho”, piensa el abogado.
Deficiente
Para el criminólogo González, el accionar del Ministerio Público y los otros organismos dedicados a estos menesteres, ha sido deficiente, porque no han pasado de ser reaccionarios ante hechos que se esclarecen de otras formas que son lamentables.
“Los casos que se han descubierto, como el de los desaparecidos que hacían acarreo, fue por la comunidad; el de pornografía infantil, en Condado del Rey, también fue por la colaboración de la ciudadanía. Están siendo reactivos como en todo, no hubo una intervención directa”, sostuvo.
Trata de personas
El llamado de González a las autoridades es que no subestimen en estos momentos ningún tipo de denuncia que reciban.
Se basó en un informe de una organización no gubernamental sobre los delitos del crimen organizado, elaborado el año pasado, en el que destaca que la principal actividad delictiva de estas redes no es el tráfico de drogas, como siempre se ha estilado, sino la trata de personas.
“Estamos empezando a ver manifestaciones, que a medida que se agudice la crisis social y económica en el mundo, serán peores. Vamos a ver lo peor de la humanidad y las autoridades tienen que actualizarse y comprometerse”, planteó el criminólogo.
En este sentido, contó que recibió una denuncia de unas personas que vieron a una señora tomando fotos de niños en una escuela y les recomendó que interpusieran la denuncia de una vez en la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).
“No se debe subestimar nada, como quiso dar a entender el ministro de Seguridad”, declaró González.
Por su parte, Alfonso Fraguela instó a las dependencias encargadas de llevar adelante estas investigaciones, que no consideren a las personas como solo cifras, sino como víctimas.
“Esta nueva modalidad no era usual en Panamá y nos hace pensar que es un delito copiado de otras latitudes”, indicó el abogado.
Sin patrón uniforme
Y es que no hay un patrón uniforme en estos últimos casos de desapariciones reportados, ya que además del crimen organizado, tienen que ver con violencia doméstica u otras circunstancias.
“Hay que reconocer que la violencia doméstica se ha disparado, lo que puede explicarse como variable que en algunos hogares las víctimas huyen para evadir el maltrato, pero todos los casos no tienen que ver solo con esto”, advirtió Carlos González.
Sobre este tema, otro que reaccionó fue el Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, quien estimó conveniente no etiquetar cada caso, sin antes investigarlo.
“No nos gusta que se etiquete por temas de narcotráfico, crimen organizado o pandillerismo, a pesar de que puede ser una posibilidad. Si ya se están vinculando y si hay experticias y hay conocimiento del Ministerio Público que corresponda a eso, entonces estamos frente a una desaparición”, dijo el funcionario.
Solicitud
El ombudsman solicitó al Ministerio de Seguridad que active la Comisión Nacional para la Trata de Personas.
De igual manera, pidió al Ministerio Público que haga lo propio con la Comisión Nacional para la Prevención de los Delitos de Explotación Sexual, para darle la seriedad que merecen estos casos e investigar sus orígenes.
La Defensoría del Pueblo abrió por su parte una investigación sobre la desaparición de estas personas, mediante una comisión interdisciplinaria.
Este grupo también deberá verificar la actuación de las instituciones del Estado y si se realizan los esfuerzos para evitar estos casos, como parte de sus acciones para combatir la delincuencia común y el crimen organizado.