Los centros educativos particulares que reciban el “auxilio económico” del Estado para aliviar los efectos de la pandemia, podrían enfrentar procesos penales, en caso de que haya alguna irregularidad en el manejo de esta ayuda.
El resuelto No. 4074 del Ministerio de Educación, que fue promulgado ayer en Gaceta Oficial, lo señala claramente en su artículo 3, numeral 5.
Entre los documentos que deben presentar los centros particulares para solicitar el auxilio económico figura una declaración jurada notariada detallando el monto individual y global adeudado por los padres de familia, pero acompañado de “advertencias de posibles responsabilidades penales”.
El Estado, a través del Meduca, accedió a entregarle a algunos colegios particulares, cuya mensualidad no supera los $150 mensuales, un auxilio para los meses entre octubre y diciembre, para paliar la deuda de los acudientes por la crisis que generó la pandemia de COVID-19.
El resuelto advierte que el auxilio económico solo podrá ser utilizado para el pago de las mensualidades adeudadas por los padres de familia que no han podido cumplir con esta obligación.
Otros de los documentos que deberán entregar estos planteles educativos son declaraciones juradas notariadas sobre la cantidad total de estudiantes matriculados en el año lectivo 2020 y costo mensual que paga cada padre de familia.
En caso de que existan arreglos de pago deberá presentarse la información debidamente autenticada ante el Meduca.
Además, deberán entregar una copia autenticada de la organización escolar de este año lectivo aprobada por la Dirección Regional Educativa correspondiente.
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Miembros de la Alianza de Educación Particular (AEP) protestaron públicamente durante varias semanas exigiendo una ayuda económica del Estado, hasta que lograron pactar un monto de $150 por estudiante.
El monto global del auxilio es de $2 millones, los cuales se lograron a través de un traslado de partida al renglón de Emergencias Nacionales.
El Meduca estableció un plazo hasta el próximo 4 de diciembre para entregar la solicitud de ayuda económica, junto con la demás documentación.
Y la encargada de revisar la documentación que entreguen los colegios particulares será la Comisión de Auxilio Económico, conformada por representantes de la Dirección Nacional de Finanzas y Desarrollo Institucional, de la Dirección Nacional de Educación Particular y de la Dirección Nacional de Asesoría Legal.
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Esta Comisión tendrá la obligación de determinar el uso “adecuado o inadecuado” de este fondo, en base a lo que mandata el resuelto del Meduca.
Cada colegio beneficiado deberá asignar el monto recibido entre los padres de familia que se encuentren morosos y aplicarlo a su deuda automáticamente hasta donde alcance el auxilio recibido.
Además, deberá comunicar formalmente y de manera escrita a los padres de familia que han sido beneficiados con esta medida social.
Y para confirmar que el auxilio económico fue bien manejado, cada centro educativo beneficiado deberá presentar ante la Dirección Nacional de Educación Particular un informe detallado de su uso, que después será remitido a la Comisión de Auxilio Económico.
El Gobierno fundamentó esta ayuda en los 281 contratos de trabajo suspendidos y sus efectos.