La indignación crece en Panamá por la escabrosa trama de abusos sexuales y maltratos a menores en albergues supervisados por el Estado destapada por una subcomisión del Parlamento, pese al pedido de máximo castigo hecho por el presidente Laurentino Cortizo, que ha sido valorado como tardío e insuficiente por sectores políticos y sociales.

El Estado no está “controlando” la situación y Cortizo se ha quedado corto al no anunciar destituciones de funcionarios de instituciones públicas a todas luces responsables, ya sea por acción u omisión, dijeron a Efe políticos y activistas de derechos humanos.

El presidente “alega que hay que investigar y aplicar mano dura, con frases estructuradas, pero ¿cuáles son sus acciones? En vez de condenar, investigar y exigir a las autoridades, que son su propio gabinete, la renuncia, los protegen y los blindan”, dijo la abogada Irma Hernández, una opinión que se repite en redes sociales.
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SILENCIO “INJUSTIFICABLE”
Una subcomisión del Parlamento presentó la semana pasada un informe que detalla que decenas de menores de edad fueron abusados sexualmente, maltratados física y psicológicamente en 14 albergues, instituciones que administran organismos privados, como ONG y fundaciones, pero que están bajo la supervisión del Estado, que en muchos casos además les otorga fondos públicos.

Por este escándalo está en el ojo del huracán la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), que tiene entre sus funciones supervisar instituciones de protección o albergues.

Cortizo se refirió por primera vez al tema el miércoles, en un mensaje televisado en el que exigió castigo con el “máximo rigor de la ley” para los responsables, y destacó que la Senniaf y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), que entrega los subsidios a los albergues, han denunciado penalmente las irregularidades.

“Estas palabras llegan tarde, dejó por más de cinco días un silencio injustificable con este tema”, afirmó el diputado independiente al Parlamento panameño, Juan Diego Vázquez.

Para la abogada Hernández, el mandatario no salió “por voluntad propia” a hablar del tema sino gracias “a que la ciudadanía ha hecho su trabajo”, con varias protestas frente a la sede principal de la Senniaf para exigir “justicia” para los menores.

SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN: LOS NIÑOS SIGUEN EN LOS ALBERGUES
Según adelantó a Efe Walkiria Chandler, una de las diputadas que llevó la investigación durante más de seis meses, los menores de edad aún siguen en los albergues donde fueron vejados.

“Siguen allí y no les están dando medidas de protección. Salió un comunicado del Senniaf en el que dicen que han cerrado ocho albergues pero no especifican dónde están las criaturas”, apuntó la diputada.

El documento sacó a la luz que los menores vivían en condiciones “infrahumanas”, sin contar con el personal cualificado y maltratados, sobre todo aquellos con discapacidad.

“El informe se presentó (a la Fiscalía) el lunes y no ha pasado absolutamente nada. Cuando se denuncia cualquier posible delito de violencia o abuso a menores mínimamente se dan medidas de protección, y tras cuatro días no hay celeridad”, añadió Chandler.
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IMPROVISACIÓN Y QUERELLA, ACCIONES ERRÓNEAS
Cortizo pidió que en 15 días se presente un proyecto de ley que aumente las sanciones por delitos de abuso sexual, lo que, a juicio del diputado Vásquez deja claro que “una vez más, están saliendo a improvisar con una política criminal”, cuando el meollo del asunto está en la prevención y la protección.

Panamá es uno de los pocos países de América Latina que no tiene una ley general de protección a la niñez, la cual se ha intentado crear en dos ocasiones en los últimos 15 años pero nunca avanza en el Parlamento.

“El sistema como está ahora mismo no funciona, hay que reformarlo. Se necesita una ley de protección. Unicef insta a las autoridades a que resuelvan de una vez esa deuda histórica que tiene el Estado con la niñez”, dijo a Efe el experto en política social de Unicef, Jorge Giannareas.

Cortizo además instruyó al Mides y al Senniaf constituirse como querellantes, lo que, a ojos de Vázquez, es un “desatino jurídico” ya que es “inmoral pedir a los que supervisan esos albergues, quienes debieron prevenir y controlar que estos actos no se dieran, que ahora velen por los derechos de las víctimas”.

El fiscal general, Eduardo Ulloa, sorprendió este jueves al revelar que hay ocho casos abiertos por diversos delitos vinculados a albergues infantiles, iniciados hace dos años, y aseguró que se exigirá “responsabilidad tanto a los directamente involucrados en la comisión de delitos como quienes sean responsables por omisión”. 
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