Grupos de jóvenes protestaron este martes contra los abusos sexuales y maltrato físico y psicológico sufridos por niños en albergues denunciados en un extenso informe parlamentario, y lo que consideran la inacción del Estado para enfrentarlos.

“Esta es la juventud peleando por los niños que fueron violados sexual, física y emocionalmente, fueron desprendidos totalmente de sus derechos humanos (…) el Estado les falló”, declaró a Efe José Isaac González, fundador de la plataforma “Sal de las redes”.

Una subcomisión de la Asamblea Nacional (Parlamento) presentó hace dos semanas un informe que detalla que desde 2015 decenas de menores de edad fueron abusados sexualmente, maltratados física y psicológicamente en 14 albergues.

Los albergues en Panamá, unos 50 con una población de cerca de 1.200 menores según datos oficiales, son administrados por ONG y fundaciones, pero están bajo la supervisión del Estado – a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf)- que en muchos casos además les otorga fondos públicos.
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Para Aubrey Baxter, otro de los manifestantes reunidos este martes ante un edificio gubernamental sede de varios ministerios, este caso de los abusos en los albergues debe ser un punto de inflexión para que los panameños decidan “si queremos seguir en las mismas porquerías que tenemos, donde todo el mundo queda enmarañado en corrupción, o vamos a cambiar esto”. 

Baxter además se quejó de la “poquísima información” sobre el estado de las víctimas de los abusos, así como de las investigaciones abiertas, ocho según el Ministerio Público.

La diputada Zulay Rodríguez, presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia del Parlamento, dijo a Efe que “los abusos los cometían los mismos internos” en los albergues y que también hay “niñas que denuncian que religiosos les dejaban embarazadas y se cometían abortos”.

Desde que se reveló el informe parlamentario las protestas públicas, sobre todo de los jóvenes, no han cesado.

Ante la presión social, la semana pasada el mandatario panameño, Laurentino Cortizo, se vio obligado a dar un escueta declaración grabada y transmitida por televisión en la que pedía el máximo castigo para los responsables, pero sin dar detalles de qué acciones ha tomado su Gobierno ni en qué dirección. 
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