Panamá/En medio del escándalo por las millonarias indemnizaciones en la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa) y por el pago de cinco años de vacaciones a funcionarios de algunas instituciones como el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), sale al debate la importancia de la fiscalización del contralor general de la República.

El actual contralor ha tenido una gestión llena de críticas. Lo acusan de mantener una débil “fiscalización”, que es el rol principal de la entidad que dirige. Por ahora, no se ha manifestado sobre el escándalo de acuerdos mutuos en Etesa, ni por el jugoso pago de vacaciones por cinco años a altos funcionarios del Miviot.

Precisamente, es esta figura la que la nueva Asamblea Nacional, que se instala el próximo 1 de julio, debe consensuar para escoger el reemplazo de Gerardo Solís, a quien se le vence su periodo este año.

¿Qué piensan los diputados?

Pero, ¿qué piensan los diputados de algunas bancadas sobre las características o el perfil que debe tener el nuevo contralor?

Jannie Prado, jefa de la bancada independiente Vamos, manifestó que debe ser una persona con una reputación de integridad y ética, una persona independiente capaz de actuar sin influencias de ningún tipo, siendo imparcial y objetiva en su labor. Además, debe tener capacidad de liderazgo y estar dispuesta a trabajar con transparencia y rendición de cuentas, fortaleciendo así la confianza ciudadana en las instituciones públicas, en este caso, en la Contraloría.

Benicio Robinson, presidente del PRD, dijo a TVN-2.com que debe ser una persona que conozca la materia, alguien honesto, que vaya a ejercer el trabajo constitucional de nuestra Constitución.

Otra característica, dijo, es conocer la materia del derecho o, si no, tener un buen abogado como asesor.

“Claro que la conocía Solís, la estructura de la Contraloría, es un tremendo profesional, un abogado muy distinguido”, precisó.

Otros como Alaín Cedeño, jefe de la bancada de Realizando Metas, han manifestado que es un tema que aún no se discute en la bancada, pero que debe cumplir con los requisitos mínimos que requiere el cargo.

Este medio consultó al jefe de la bancada panameñista, Jorge Herrera, por varios días, pero no respondió.

Para el actual diputado Jun Diego Vásquez, el actual contralor “da pena”. “No entiende que debe fiscalizar cómo se usa el dinero. Hoy vino a la Comisión de Presupuesto a hablar a favor del gobierno del que es un aliado”, escribió en su cuenta de X, luego de que se aprobara una partida al Miviot para el pago de vacaciones a altos funcionarios de esa entidad.

La nueva Asamblea debe escoger a alguien serio, transparente e independiente. Basta de cómplices”.

El escándalo de ETESA y el Miviot

Ayer, domingo, Etesa emitió un comunicado aclarando que las indemnizaciones aprobadas para su gerente general, subgerente y varios de sus directores están amparadas por la ley, alegando que fueron autorizadas por la Junta Directiva. Etesa defendió los millonarios mutuos acuerdos afirmando que los trabajadores de la empresa “tienen el derecho” de suscribirlos tal y como se ha hecho en las anteriores administraciones.

A pesar de ello, los cuestionamientos continúan. Etesa aseguró que, en relación al caso específico del gerente general Carlos Mosquera Castillo, quien firmó un “mutuo acuerdo” por $249,196.56, este fue aprobado por la Junta Directiva, que autorizó al presidente a suscribir el documento debido a la necesidad urgente de Mosquera Castillo de someterse a una intervención quirúrgica. “Es decir, que la terminación de la relación de trabajo fue de común acuerdo y no fue una decisión unilateral por parte del gerente general”.

Los altos funcionarios que, al igual que el gerente general Carlos Mosquera, firmaron “mutuo acuerdo” son:

• Óscar Rendoll, subgerente general: B/.306,615.58
• Daniel Castilla, gerente de Compras: B/.77,095.37
• Pablo Castrejón, director de Finanzas: B/.116,577.53
• Ramón Palacios, director de Asesoría Legal: B/.119,366.94
• Zorina Carles, directora de Servicios Corporativos: B/.91,068.11

Para la exdiputada y exprocuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, se trata de malas prácticas administrativas, que ocurren en la administración pública y deben ser corregidas para evitar la acumulación de pasivos laborales.

“Hay que hacer todo lo posible cuando uno administra para que, en tiempo, los funcionarios no acumulen deudas, porque prácticamente es una regla de la Contraloría y del manejo de fondos públicos no permitir esa acumulación por tantos años; pues, después de dos años, se supone que eso pasa a vigencias expiradas. Eso es una sinvergüencería, es un abuso en el ejercicio del cargo público permitir la acumulación excesiva de estos pasivos, que golpea al presupuesto de la institución y que lleva a esta mala práctica. Además, son acuerdos privilegiados. Desde el punto de vista de la administración pública, no es lo más sano”.

Para Candy Chen, de la Fundación Conciencia Ciudadana, la ciudadanía no se opone a la compensación legal que ameritan las labores de todo empleado público y privado. “Lo que ha sucedido es el otorgamiento de pagos sin mayores explicaciones, lo que genera suspicacias en la ciudadanía sobre la transparencia de este proceso”, dijo.

Con respecto al caso del Miviot, donde la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó $110 mil para el pago de gastos de representación adeudados al despacho superior: ministros, viceministros, secretaria general y directores nacionales. En total, son 13 personas que suman un total de $68 mil. Indicó que el hecho de las vacaciones de funcionarios de 5 años está fuera del orden legal laboral, tanto por el cúmulo de tiempo como por los montos sin detalles. Esto es lo que la ciudadanía cuestiona sobre los manejos del presupuesto. Estos manejos se reflejan como si fuesen errores de novatos, de recursos humanos que no se saben ni siquiera el Código de Trabajo.