Tocumen, Panamá/Una pareja fue detenida este fin de semana tras el presunto intento de privación de libertad de una niña en la barriada Buena Vista de Tucumen, gracias a la rápida intervención de vecinos que alertaron a las autoridades.

El incidente ocurrió cuando la niña se dirigía a un minisúper del lugar y fue abordada por un hombre y una mujer que circulaban en un vehículo tipo sedán, quienes intentaron llevársela por la fuerza. Residentes de la zona que presenciaron el hecho reaccionaron inmediatamente, alertando a la Policía Nacional mientras rescataban a la niña.

“La Policía Nacional es advertida de que varias personas a bordo de un vehículo tipo sedán intentaron persuadir a una menor para que abordara dicho vehículo, pero al notar estos que la ciudadanía presente llamó a la policía, procedieron a retirarse del lugar”, informó Daniel Cubilla, miembro de la Policía.

Un operativo policial fue establecido rápidamente en el sector, logrando interceptar el vehículo y capturar a los dos sospechosos. Imágenes captadas por cámaras de seguridad y testigos muestran el momento preciso de la detención, material que ahora forma parte de la evidencia en la investigación.

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El Ministerio Público y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) realizaron inspecciones en el lugar, revisando las cámaras de seguridad para recabar evidencias que ayuden a esclarecer los detalles del caso.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de los detenidos ni los posibles motivos detrás del intento de secuestro.

Los residentes manifestaron su preocupación, asegurando que no es la primera vez que hechos similares se registran. Solicitaron a las autoridades mayor presencia policial.

La pareja detenida fue puesta a órdenes de la Fiscalía y enfrentará a un juez de garantías en las próximas horas. Las autoridades confirmaron que la niña se encuentra sana y salva, a su vez que está fuera de peligro. Como medida preventiva, la Policía realizaba este lunes rondas más frecuentes para brindar seguridad y tranquilidad a los residentes de la barriada.

Con información de Hellen Concepción

Ciudad de Panamá/Al considerar que hubo un exceso de término por parte del Ministerio Público en la instrucción del expediente donde se investigaba el presunto delito de peculado en perjuicio del Programa de Ayuda Nacional (PAN), a través de la compra de granos (arroz y menestras), el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales decretó la nulidad de gran parte del proceso.

Luego de escuchar los alegatos finales de los últimos siete abogados en turno, y correrle traslado al Ministerio Público (MP) y a la querella particular para que se pronunciaran sobre los incidentes de nulidad anunciados durante la jornada, la presidenta del tribunal expuso que lo que procedía era declarar la nulidad a partir de la foja 8598 del tomo 15, lo que a su vez conlleva la nulidad de las providencias indagatorias posteriores a esa fecha, así como las medidas cautelares personales y reales aplicadas, además de la etapa de calificación del auto encausatorio.

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La sesión del pasado viernes 28, último día de la audiencia ordinaria del denominado caso PAN-Granos, se extendió por casi 12 horas y, durante sus alegatos, los siete abogados intervinientes cuestionaron lo actuado por el Ministerio Público al momento de ordenar las indagatorias de sus defendidos, con el argumento de que estas se dieron fuera del término de investigación, como lo establece el artículo 2033 del Código Judicial de Panamá, lo que a su criterio produjo una violación al debido proceso.

Al responder a los incidentes, y por una hora, el fiscal anticorrupción de descarga Ariel De Gracia, en representación del Ministerio Público, validó la actuación de los agentes de instrucción que en su momento llevaron el proceso (agosto de 2014 a diciembre de 2015) y cuestionó lo que consideró la actitud silente que mantuvieron los abogados defensores en ese momento.

Por su parte, la querella particular, en nombre del Estado y representada por la abogada del Ministerio de la Presidencia Juana Pérez, manifestó compartir parte de lo expuesto por el MP. No obstante, y al citar el artículo 2033 –que establece que el sumario debe estar listo en cuatro meses a partir de su inicio, y que este plazo puede extenderse hasta por dos meses más si hay varios imputados o hechos punibles (todo lo anterior, previa autorización del juez de la causa)– expuso ante la juez que “si se va a aplicar la justicia, debe ser bien y en derecho”.

La audiencia ordinaria por el caso PAN-Granos se inició el pasado 10 de marzo y 45 personas estaban llamadas a juicio. Durante tres semanas se presentaron pruebas documentales, testimoniales y periciales. Al momento de sus alegatos, el Ministerio Público solicitó sentencia condenatoria para 25 personas por peculado doloso agravado, mientras que para otras 19 pidió una sentencia de absolución.

Entre los enjuiciados en esta causa, donde se investigaba la presunta lesión patrimonial al Estado por el orden de los B/. 12.3 millones a través del PAN; estaban tres exministros de Estado, funcionarios del PAN y de otras entidades estatales vinculadas a supervisión y fiscalización, así como empresarios proveedores.

El Ministerio Público cuenta con un plazo perentorio, que corre a partir del lunes 31 de marzo, para adoptar sus actuaciones.