La Corte Suprema de Justicia admitió una demanda contra Noriel Araúz, administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), por el manejo financiero del proyecto de rehabilitación del muelle de Taboga.
Dicha demanda contenciosa administrativa fue presentada por el abogado Miguel Batista, en representación del Consorcio THM Consulting (conformado por las sociedades Consulting Design Development And Engineeeing Inc y Thelmar Panamá S.A.), para que se declare que la AMP incumplió el contrato número A-7004-2017.
Hay que indicar que dicho contrato fue refrendado por la Contraloría General de la República, el 20 de junio de 2017, y modificado mediante la adenda refrendada por esta misma institución pública el 15 de mayo de 2019.
La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, a través de nota del 19 de mayo de 2021, envió copia de la demanda a Araúz para que en un término de cinco días hábiles rindiera un informe explicativo de conducta en relación con la actuación adelantada en la celebración del contrato número A-7004-2017.
Dicha nota, que se le corrió copia a la Procuraduría de la Administración, lleva la firma del magistrado Cecilio Cedalise Riquelme.
En respuesta a este escrito del magistrado Cedalise, la AMP indicó que el departamento de ingeniería de la institución, el 6 de febrero de 2020, detalló algunas actividades inconclusas en la obra.
Luego de esto, señala la entidad que mediante nota el consorcio le indicó a la AMP que se encontraba dispuesto a realizar el pago de la multa por retraso en la entrega de la obra con la finalidad de que se proceda con la liquidación del contrato y solicitó el pago del contrato número 4.
En la demanda presentada por el abogado Batista se pide que la AMP sea condenada a pagar en morosidad y otros cargos por el incumplimiento del contrato la suma de 905 mil quinientos noventa dólares con 99 centavos.
Dentro de dicha demanda, se pide que se declare que la AMP ha incumplido el contrato para la rehabilitación de dicho muelle.
Se solicita también que se obligue a la AMP a recibir la obra contratada y a emitir el acta de aceptación final, para dar por terminado el contrato.
Esto, porque dicha obra fue inspeccionada por las partes (AMP y el Consorcio THM Consulting), en compañía del arquitecto Donatelio Solano, fiscalizador de la Contraloría General de la República, el 29 de noviembre de 2018, en donde se constató que la obra estaba ejecutada en un 100%.
También se pide que la AMP sea condenada a pagar a dicho consorcio los intereses moratorios que surgen por incumplimiento del contratante al no efectuar los pagos correspondientes dentro del término previsto. Estos intereses suman un total de 96 mil 346 dólares con 34 centavos.
Igual se pide que la AMP sea condenada y obligada a pagarle al consorcio los montos o cantidades que se deriven de la vigencia extendida del contrato, al incumplir la liquidación, aún cuando expiró el término de ejecución pactado.
Estos pagos suman dos mil 783 dólares con 63 centavos en pólizas de cumplimiento y unos 322 mil 804 dólares con 98 centavos en concepto de gastos de administración por vigencia expirada.
Una fuente manifestó a este medio que la construcción de este muelle en el sector de Taboga ya está culminado y que el motivo por el cual aún no es cancelada la obra al Consorcio THM Consulting se debe a que los fondos que serían usados para esta finalidad, fueron utilizados supuestamente por la Autoridad Marítima de Panamá para otras obligaciones que mantiene la institución.