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Lo que queda por hacer tras acuerdo en OCDE sobre imposición a multinacionales

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Para reunir a la vez a las grandes potencias, decididas a alcanzar un acuerdo, a los países emergentes, más desconfiados, y a los Estados con una fiscalidad mínima, hubo que incluir varios arreglos.

Así, el texto prevé una tasa de al menos 15%, pero están previstas derogaciones. Esto facilitará por ejemplo a los países seguir propiciando la instalación efectiva de actividades (y no solo sedes sociales) a cambio de ventajas fiscales. O incluso a los países en desarrollo seguir beneficiándose de las ventajas de sus convenciones fiscales con otros Estados.

Según los términos previstos en el texto, un centenar de multinacionales se comprometen a redirigir una parte de los impuestos que pagan hacia los países donde realizan efectivamente sus actividades. Pero una ampliación del número de empresas involucradas será posible al cabo de siete años. Los emergentes consideran ese periodo actual insuficiente.

Asimismo, el acuerdo abre la vía a que las economías más pequeñas puedan beneficiarse de una parte del impuesto sobre los beneficios que será redistribuido de esa manera por las multinacionales.

Estas medidas facilitaron la adhesión in extremis de Argentina, Turquía o incluso India, pero son consideradas insuficientes por la ONG Oxfam, que considera que el acuerdo sigue siendo muy favorable a los países ricos.

“El acuerdo es muy bueno para los países en vías de desarrollo, hay avances mayores para ellos”, afirma por el contrario Pascal Saint Amans, director del Centro de política y administración fiscales de la OCDE.

¿Cuáles son las próximas etapas?

El G20 que se llevará a cabo del 9 al 10 de julio deberá ser un momento importante en la negociación. Los expertos apostaban que esa reunión sería el momento clave, pero el acuerdo concluido bajo el patrocinio de la OCDE el jueves reduce el suspense.

“Lo más duro ya fue realizado, pues entre los 130 países están todos los países del G20, y la reunión de la semana próxima será finalmente la ratificación política del acuerdo de ayer (jueves)”, afirman fuentes del ministerio francés de Finanzas.

Los participantes se dieron hasta el mes de octubre para finalizar todos los elemento técnicos y convencer a los países aun dubitativos. Su declaración busca una entrada en vigor en 2023.

Otros obstáculos pueden aún aparecer, especialmente en el Congreso estadounidense, donde el presidente Joe Biden no tiene vía libre y donde los republicanos están firmemente opuestos al acuerdo.

¿Cuáles son los países aún por convencer?

De los 139 Estados que participan en las negociaciones, nueve no adhirieron a la declaración final: Irlanda, Hungría, Estonia, Perú, Nigeria, Kenia, Sri Lanka, Barbados y San Vicente y Granadinas.

Fuera de Perú, que se abstuvo a causa de la crisis política que está sufriendo, los otros, en particular Barbados y San Vicente y las Granadinas, proponen una fiscalidad baja para atraer a las multinacionales.

Nigeria y Kenia consideraron insuficientes las garantías ofrecidas a los países en desarrollo, según una fuente conocedora de las negociaciones.

De lado europeo, Irlanda, cuya tasa de impuesto es del 12,5%, expresó sus “reservas”. El ministro de Finanzas Paschal Donohoe aseguró que “apoya en conjunto” el proceso de negociaciones.

Hungría por su parte “rechaza” la tasa del 15%, considerada “muy elevada” y un obstáculo para su crecimiento económico.

La adhesión de los tres Estados europeos es capital, pues Francia desea aprovechar su presidencia del Consejo europeo a partir de 2022 para hacer adoptar el impuesto mínimo por una directiva europea, que necesita la unanimidad.

¿Cuáles puntos restan por definir?

Aunque el acuerdo logrado el jueves es mucho más detallado de lo esperado, muchos parámetros siguen sin precisarse.

Lo más significativo es el nivel exacto de la tasa: la mención es “al menos 15%”, pero muchos Estados no quieren una tasa superior.

El monto que servirá de base para el cálculo del impuesto sobre las empresas a redistribuir entre los Estados debe también ser precisado.

Algunos puntos técnicos alrededor de las exenciones técnicas siguen de esta manera abiertos a la negociación.

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Pescadores de Bocas del Toro rechazan resolución de MiAmbiente que restringe actividades

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Pescadores y transportistas de turismo de Bocas del Toro realizaron un cierre acuático en Changuinola, en rechazo a una resolución del Ministerio de Ambiente, mediante la cual se restringen las actividades que realizan en el área de Finca 60.

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Realizan desalojo de más de 100 familias que ocupaban cuartos de alquiler de Carrasquilla

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Ana Canto

Este lunes, personal de la Alcaldía de Panamá, junto a los jueces de paz y unidades de la Policía Nacional, llevó a cabo un operativo de desalojo en varios cuartos de alquiler ubicados en el sector de Carrasquilla. La acción se ejecutó luego de que el propietario del terreno la recuperación de la ocupación del mismo.

Sin embargo, más de 100 familias afectadas han manifestado su inconformidad con la forma en que se desarrolló el proceso. Según denunciaron, sus pertenencias fueron sacadas de los departamentos sin previo aviso, y se les cortaron los servicios básicos de electricidad y agua.

Los inquilinos aseguran que han cumplido con el pago de alquiler, el cual está establecido en contratos formales de arrendamiento y se realiza mediante la modalidad de descuento directo.

Tras conversaciones con abogados, el juez de paz indicó que se les otorgará a las familias 5 días hábiles para cumplir con el desalojo de los cuartos.

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Autoridades realizan un desalojo en el edificio 380 en Carrasquilla, donde residen más de 100 familias, debido a que el propietario de los terrenos los está reclamando.

Los moradores denuncian que ese proceso no se ha desarrollado de la mejor manera y que no fueron notificados. pic.twitter.com/8UdfYtWvaa

— Telemetro Reporta (@TReporta) April 22, 2025

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Productores de plátano de Barú protestan, exigen al MIDA respuestas sobre peticiones

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Panamá Nacionales 22 de abril de 2025 – 13:02

Productores de plátano de Barú salieron a protestar este martes 22 de abril y cerraron la carretera Panamericana, cerca de la línea fronteriza con Costa Rica, para exigir al MIDA una respuesta ante un pliego de peticiones entregado en marzo por temas como el contrabando, construcción de pozos y compensación económica.

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