La Ley 287 sobre moratoria, sancionada por el Órgano Ejecutivo, aunque era esperada y beneficiosa, presenta algunos vacíos, a juicio de Giovany Fletcher, del Instituto Panameño de Derecho de Consumidores y Usuarios (Ipadecu).

Según Fletcher, la Ley, más allá de la buena fe de los diputados en crearla, deja algunos vacíos, ya que en el artículo 1 de esta norma legal promulgada hace dos días, entra en el plano de la interpretación, por parte de quienes la vayan a aplicar.

Destacó que el artículo 1 hace relación a los trabajadores independientes y comerciantes que hayan tenido que suspender sus labores, producto de la crisis de la pandemia.

No obstante, a juicio de Fletcher, existe un porcentaje de la población económicamente activa, dentro de los profesionales, como abogados, contadores e ingenieros, que son independientes, pero a la vez profesionales generales, que pareciera que no entrarían en el beneficio de la moratoria y no tendrían realmente una protección inmediata, de acuerdo a lo que establece la ley.

Añadió que las personas que se dedican a estas labores son reconocidos como profesionales generales. El artículo 1 señala que la Ley es aplicable a aquellas personas que se les haya suspendido sus contratos laborales, pero no deja claro, si también a los profesionales generales.

Aunado a esto, Fletcher dijo que el artículo 3 de la misma ley también deja otro vacío, ya que señala que los deudores deben llegar a un común acuerdo con los acreedores para llegar a fórmulas de pago, pero en medio de ambos debe haber un fiscalizador o mediador, para que el banco no imponga criterios al cliente.

Por su parte, el diputado Leandro Ávila manifestó que la Ley es clara, y todo panameño que demuestre que no está recibiendo un salario, ingresos o que tenga en este momento algún descuento, por parte de la empresa donde labora, puede apersonarse al banco con el cual mantiene una relación deudora y presentarlo.