Una empresa constructora, propiedad del magnate mexicano Carlos Slim, se defiende de una millonaria acusación ante instancias judiciales en Panamá.

Se trata de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC Construcción, S.A. “FCC”), esta empresa -que es la misma que ganó una licitación para la construcción del Tramo 2 del Tren Maya en México- enfrentó una demanda por un adeudo millonario con las mexicanas Obras Portuarias de Coatzacoalcos (OPC) y Matrix Concesiones, desde hace más de un lustro.

El conflicto se dio por la obra del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos, hoy operado por Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina (IDEAL), que desde un inicio, en 2006, se programó para ejecutarse en dos años y su entrega final se dio apenas en 2017.

El adeudo que le reclaman es de por lo menos 100 millones de pesos, luego de que en 2015, el Gobierno de Veracruz, en México, emitiera un decreto en que actualizó el título de concesión para que Concesionaria Túnel Coatzacoalcos (COTUCO) asumiera los gastos para terminar la obra.

El acuerdo derivó en que la empresa encargada de la ejecución directa de la obra, Constructora Túnel Coatzacoalcos (CTC), de la cual OPC y Matrix son accionistas, no recibiera el pago total por las obras ejecutadas. Actualmente, FCC cuenta con el 55.6% de las acciones de CTC.

Aunque se buscó un acuerdo con FCC para compensar esos gastos, al no llegar a un acuerdo entre las empresas, desde 2017 se promovió un arbitraje ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio (ICC por sus siglas en inglés), cuya resolución se dio en mayo de 2019. Pero en junio de ese año FCC pidió la anulación del laudo arbitral ante la Corte Suprema de Panamá, por lo cual, tres magistrados se encuentran revisando la decisión y se espera la resolución en la cuarta sala del tribunal próximamente. La Magistrada que lleva el caso es María Eugenia López y, quienes revisarán su proyecto, serán los magistrados Luis Ramón Fábrega y Ángela Russo.

Esteban Maqueo, abogado de OPC en México comentó: “Nosotros confiamos en que las autoridades panameñas resolverán el proceso legal conforme a derecho y Diego de la Guardia (abogado titular del caso en Panamá) nos ha expresado su confianza en ellos. Sin embargo, dadas las diversas acusaciones de corrupción que FCC tiene en Panamá y en otras partes del mundo y que hemos visto en la prensa internacional, existe una preocupación legítima del cliente sobre posibles injerencias”.

Los tres magistrados deberán apegarse a derecho, pues FCC ha estado envuelta en casos de corrupción y soborno de autoridades alrededor del mundo, incluso en Panamá. Además, FCC tiene obra pública importante asignada, como líneas de metro, segunda etapa del Canal y la carretera Panamericana, por lo que la resolución que den al caso las autoridades será trascendental en la ruta de la empresa en Panamá. Por ello, también han surgido voces que impulsan que la resolución debe ser vigilada por las autoridades internacionales, panameñas y la sociedad en general.

En 2014, Carlos Slim inició su participación en FCC al adquirir, a través de Inmobiliaria Carso, 25.63% de las acciones, pero hoy posee el 76.6%.