En momentos en que los magistrados y jueces del país enfrentan presiones mediáticas y críticas por sus fallos, en la Asamblea Nacional se discute en segundo debate un proyecto de ley que busca garantizar y reforzar la independencia judicial.

El proyecto plantea que para la elección de magistrados y jueces se deberán aplicar procedimientos que garanticen que los mismos ocupen estos cargos por mérito y antigüedad.

Agrega que para llenar las vacantes que se produzcan en todas las jurisdicciones existentes o que se creen en el futuro, se aplicarán los procedimientos de traslado y ascenso.

Grupos de la denominada sociedad civil lanzan críticas mediante medios de comunicación social y organizaciones adeptas cuando los magistrados y jueces fallan en determinados casos de una forma contraria a lo que ellos esperaban.

Incluso, en el pasado se ha afirmado que magistrados de la Corte Suprema de Justicia nombrados bajo criterios políticos, mantienen una especie de cuotas de poder con magistrados superiores y jueces, a quienes presionan con su permanencia en el cargo.

El proyecto que discute la Asamblea señala que las primeras vacantes que se registren en determinados puestos se llenarán con magistrados o jueces de la misma categoría, competencias y jurisdicción que estuvieran interesados.

Añade que en su defecto, ascenderá el servidor judicial que ocupa el primer lugar en la posición inmediatamente inferior en el escalafón judicial, siempre que reúna los requisitos exigidos por la ley para desempeñar el cargo superior.

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El proyecto contempla que los magistrados y jueces podrán hacer uso del derecho de traslado solo por una vez en cada categoría.

Y cuando se registren concursos abiertos, debido a que se ha presentado una segunda vacante para la misma clase de puesto, esta se someterá a concurso abierto, por jurisdicción, en el que podrán participar servidores judiciales.

Igualmente podrán concursar aspirantes externos, siempre que reúna los requisitos que fije la ley y desarrolle el reglamento, los cuales incluye superación de exámenes, pruebas y cursos que permitan determinar si se poseen las competencias genéricas, específicas y técnicas para el desempeño del cargo.

La iniciativa establece que cuando en la primera vacante no comparezca aspirante para el concurso por traslado y no existan funcionarios para la categoría inmediatamente inferior, se someterá a concurso.

En todo concurso en el que participen personas que tengan la categoría de servidores judiciales será obligatorio tomar en consideración los resultados de evaluación del desempeño al que se haya sometido.