La Defensoría del Pueblo ahora deberá presentar un informe anual sobre el estado de menores en riesgo social recluidos en albergues regentados por el Estado.
Esta fue una de las inclusiones realizadas al proyecto 567 que crea el Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, aprobado en segundo debate el pasado miércoles.
“Eso lo veníamos haciendo, pero ahora con carácter de ley, tenemos esa obligatoriedad de presentarlo a la Nación y a los entes internacionales que coadyuvan con los niños panameños”, destacó el defensor Eduardo Leblanc.
La inspección realizada por la Defensoría del Pueblo el año pasado, arrojó serias deficiencias en las condiciones en que se encontraban los menores en estos centros de reclusión.
Entre otras observaciones se constató que personal no especializado es el que los atiende y que los menores no tienen contacto con el exterior.