Al estar fuera de los principios de contratación pública y en tiempos de pandemia, queda en duda la transparencia de gastos, como los incluidos dentro de las partidas discrecionales y otros que se han realizado, consideró el exvicepresidente de la República, Arturo Vallarino.
“Durante estos dos años eso no ha estado funcionando, así que no nos extrañemos que haya cosas peores en los temas de las compras y los gastos que se han producido durante este tiempo so pretexto del problema que hemos tenido con la covid-19, dijo Vallarino.
Bajo la justificación de comprar artículos de primera necesidad para familias de escasos recursos, con los fondos del Despacho Superior de la Presidencia, un grupo de empresas fueron beneficiadas, al vender equipos, artículos e insumos al Gobierno, en varias ocasiones.
Vallarino plantea que estos gastos representan un problema ético más que legal, ya que las partidas van dirigidas a resolver problemas de fuerza mayor o situaciones muy especiales, como auxiliar a personas que tienen problemas o para hechos que no pueden esperar el trámite burocrático del Estado.
El año pasado, organizaciones como Señorita Panamá, por ejemplo, recibió 30 mil dólares procedentes de estas partidas, de las que también se usaron fondos para comprar café y cajas finas para obsequiarlas en los viajes al extranjero de las autoridades nacionales.
Para el abogado Alfonso Fraguela estos gastos son permitidos, sin embargo, lo importante es que la actuación se realice dentro del marco de la ley y lo más transparente posible, para que cualquier asignación a una empresa o persona jurídica se haga en debida forma, y no sea cuestionada.
“La discrecionalidad de las partidas quedan en el escenario exclusivo del Presidente de República, ya que será él quien lo autoriza, según su criterio”, expresó Fraguela.
En 2021, se gastaron $7.2 millones de las partidas discrecionales, de las que 60% fue para gastos médicos.