Transformar nuestras políticas sociales con la revolución de los datos

Para lograr un desarrollo sostenible es esencial que todos los sectores tomen decisiones basadas en datos precisos y actualizados que mejoren la efectividad de las políticas públicas, siempre pensando que cada cifra representa a una persona, a una vida con aspiraciones y derechos que debemos respetar y promover.

Con el Plan Estadístico Nacional, Panamá demostró durante el último quinquenio un compromiso sólido con la recolección y el uso de datos, transformando por completo el sistema estadístico estatal y sentando las bases para medir los indicadores nacionales de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Este plan prioriza la eficiencia en la producción estadística y la optimización de recursos, cumpliendo con altos estándares de calidad, confiabilidad y seguridad para alcanzar indicadores que midan el progreso de las políticas e identifiquen áreas de mejora.

Un ejemplo del valor de los indicadores lo vemos en la incorporación de variables étnico-raciales en los instrumentos nacionales de recopilación de datos, a fin de atender las necesidades específicas de distintos grupos en busca de promover la inclusión y la equidad.

Las variables étnico-raciales fueron integradas en instrumentos clave como el Censo de Población y Vivienda de la Década 2020. El censo confirmó datos vitales para la toma de decisiones de política pública, ya que la inclusión de esta variable demostró que somos el tercer país de Latinoamérica con mayor población afrodescendiente.

Por su lado, la Segunda Encuesta Nacional de Discapacidad (ENDIS-2) obtuvo una alta respuesta de la ciudadanía al alcanzar 36,800 personas, la muestra más grande del mundo. Este estudio le permite a Panamá conocer las condiciones, desafíos y aspiraciones de las personas con discapacidad a través de mediciones como el índice de capacidad y la prevalencia de la discapacidad en niños y adultos, además de mejorar la información para otras encuestas sobre la discapacidad y contar con un Atlas de la Discapacidad.

Hacia la misma dirección apunta la transformación digital de los registros sociales y la implementación de indicadores como el Índice de Pobreza Multidimensional a nivel de Corregimiento (IPM-C).

Igualmente, Panamá ha fortalecido su sistema de protección social mediante la digitalización del Registro Nacional de Beneficiarios (RENAB) lanzado en el MIDES como base para el Registro Social de Hogares; el Registro Nacional de Certificaciones (RENACER); el Sistema Único de Servicio e Información (SUSI) de la SENADIS y el Sistema PRIMERO de la SENNIAF.

Esta transformación digital contribuye a una gestión más eficiente y segura, identificando brechas en la prestación de servicios, promoviendo la participación activa de las personas, facilitando la toma de decisiones basadas en evidencia y un manejo transparente de los recursos. Este proceso también está estrechamente ligado a la gestión territorial efectiva y la rendición de cuentas, así como a una coordinación interinstitucional que fortalezca las capacidades del Estado.

La inversión en datos y sistemas que interoperan dentro de la administración pública mejora la eficiencia, evita la duplicidad de servicios y del gasto público, además de brindar información pertinente y actualizada para la toma de decisiones.

Al disponer de mejores datos, el IPM, el IPM-C y el IPM de Niños, Niñas y Adolescentes van más allá de la medición de la pobreza monetaria y consideran dimensiones esenciales del bienestar como el acceso a servicios básicos, educación y salud de calidad, condiciones de vivienda dignas y un entorno ambiental saludable.

Con estos avances en la recolección y uso de datos, con la implementación del IPM y la transformación digital de los registros sociales, Panamá ha logrado diseñar políticas públicas más efectivas y orientadas a las necesidades reales de la población, resultando que entre 2017 y 2022, el índice de pobreza multidimensional del país disminuyó de 19.1% a 14.8%, es decir de 777,752 a 659,106 personas.

Al fortalecer las políticas sociales basadas en evidencia, mejoramos la lucha contra la pobreza y la desigualdad, pero el desafío de transformar las condiciones de vida de los panameños y panameñas que se han quedado atrás requiere que sigamos invirtiendo en tecnología y modernizando nuestros registros de datos.

Y podemos lograrlo con el compromiso y la colaboración de todos los actores: Gobierno, sector privado, comunidad organizada, sociedad civil y la academia, como en la Estrategia Plan Colmena, para asegurar un futuro más justo y equitativo en el que todos se sientan mejor cuidados.

La pluma invitada de ElCapitalFinanciero.com es:

María Inés Castillo

Ministra de Desarrollo Social de Panamá (2020-2024)