El oficialismo izquierdista de Chile suscribió el jueves un acuerdo para reformar una nueva Constitución si es avalada la propuesta de un nuevo texto constitucional en el plebiscito el 4 de septiembre, en respuesta a una estrategia del presidente Gabriel Boric que busca salvar la aprobación de la consulta.

De acuerdo con coincidentes encuestas de opinión el “Apruebo” perdería ante la opción de “Rechazo” en el referéndum, donde los chilenos decidirán si optan por una nueva Carta Magna o mantienen vigente la impuesta por la pasada dictadura militar (1973-1990).

El acuerdo, alcanzado durante la madrugada, busca captar votos de indecisos y de grupos de centroizquierda que, aunque comparten gran parte del nuevo texto constitucional, rechazan algunos artículos. Entre las normas más resistidas están las relacionadas con los derechos de los pueblos originarios —que en la Constitución vigente no son nombrados— y las concernientes a la creación de los sistemas nacionales de salud, educación y pensiones.

El acuerdo de los dirigentes políticos de las dos coaliciones que sustentan el gobierno de Boric —una de izquierda y la otra de centroizquierda— se produce un día después de que el Congreso aprobará un proyecto que redujo los votos necesarios para reformar la Constitución legada por los militares.

Faltando 24 días para el plebiscito, la opción oficialista que apoya el “Apruebo” está unos 10 puntos atrás del “Rechazo”, según dos encuestas locales, aunque otros dos sondeos indicaron esta semana que la distancia se acortó a cinco puntos.

El compromiso de impulsar reformas al texto si gana el “Apruebo” fue firmado por los líderes partidarios en un acto realizado en la biblioteca del antiguo Congreso en Santiago.

Algunos de los cambios comprometidos se refieren a temas indígenas y aclaran que las autonomías territoriales de los pueblos consagradas en el texto “serán coherentes” con el carácter único e indivisible del territorio de Chile; precisan que los sistemas judiciales de las 11 etnias reconocidas sólo se aplicarán a personas del mismo pueblo y que los temas de carácter nacional y de reformas constitucinales están excluidos de las consultas a los pueblos originarios.

Sobre materias sociales proponen que el sistema de pensiones no será estatal, sino un modelo mixto, en salud señalan que podrán existir prestadores particulares; en seguridad, postulan restablecer la existencia del estado de emergencia, que fue eliminado por los convencionales. También buscarán que las iniciativas de ley que irroguen gasto fiscal sólo sean facultad del Presidente, y no de los diputados, como propone el texto.

La estrategia de Boric comenzó hace más de una semana cuando instó a sus dos coaliciones políticas a comprometerse con futuras reformas al texto si se impone en el plebiscito, lo que fue resistido inicialmente por el bloque más izquierdista “Apruebo Dignidad”, formado por el Partido Comunista y el Frente Amplio, mientras la coalición “Socialismo Democrático”, integrada por tres partidos de centroizquierda, la apoyó de inmediato.

El proyecto de nueva Constitución establece que “Chile es un Estado social y democrático de derecho”, reconoce la existencia 11 pueblos originarios con derechos a la autonomía y libre gobierno y consagra unidades territoriales indígenas, crea un sistema universal de salud, educación y de seguridad social, así como algunos nuevos derechos, como el de tener una vivienda “digna y adecuada”. También señala que habrá dos sistemas de justicia, el nacional y el indígena.

Si se impone el “Rechazo”, la oposición derechista que impulsa esa opción se ha comprometido a introducir algunas reformas a la Constitución legada por los militares.

FUENTE: Associated Press