Esta acción constitucional fue presentada por el abogado Omar Antonio Keene en representación de Sandoval y tiene como objetivo detener el decreto que da luz verde para que se pueda vender licor de manera controlada a nivel nacional.

Alcaldes como Sandoval se mostraron su descontento y decidieron ir contra la medida, aplicando decretos municipales que aplicaran la ley seca en sus distritos, sin embargo, al estar el país en medio de un estado de emergencia, se desconoce en parte su autoridad para aplicar estas restricciones.

Para Sandoval, el levantamiento de la ley seca va contra la autonomía de los municipios alrededor del país y les quita fuerza a las autoridades locales. Por ello, espera el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia.

El magistrado Fábrega deberá examinar el amparo de garantías y posteriormente presentarlo ante el Pleno de la Corte, donde a través de una decisión colegiada se decidirá si lo aceptan o no.

La ley seca se aplicó como medida indirecta para combatir el COVID-19 en Panamá. Luego de su levantamiento gradual, las autoridades han amenazado en tres ocasiones con volverla a aplicar, debido al mal comportamiento de algunos ciudadanos y que es provocado por la ingesta excesiva de bebidas alcohólicas.

Los municipios de Panamá y San Miguelito son los únicos en el país que han aceptado acoger a cabalidad lo establecido en el decreto del Gobierno Nacional.