Tras un año de haberse prohijado en la Asamblea Nacional, el proyecto de ley 69 que regula la primera opción de compra de viviendas arrendadas en las áreas revertidas, en beneficio de las personas que por años han vivido del alquiler de ese bien inmueble, se logró la aprobación de esta propuesta en segundo debate.
Este es un proyecto de ley que surge de la iniciativa de los residentes de los sectores populares del área de Ancón, en conjunto con la junta comunal de este corregimiento que incluye Paraíso, Pedro Miguel, parte de Balboa y algunos sectores aledaños a Gamboa que está bajo la jurisdicción de la provincia de Colón.
El diputado Crispiano Adames destacó que es un proyecto que busca ayudar a alrededor de 400 familias de estas áreas revertidas y que merecen justicia, ya que la mayoría de su vida han vivido arrendados en estas residencias.
Explicó que cuando estas personas de clases media o media baja llegaron a las áreas revertidas lo hicieron con un canon de arrendamiento relativamente bajo y que se han mantenido dentro de la realidad de la gestión de su arrendamiento.
“Al procurar tener la primera opción de compra la misma se hará en base a la realidad histórica de haber vivido desde inicio el proceso de reversión en esas áreas, siendo familias de escasos recursos y que no pueden acomodarse al valor del mercado que tienen en la actualidad las residencias en este área distinguida”, enfatizó el diputado.
Resaltó que si se va a los requerimientos actuales de mercado, para estas familias se propiciaría un proceso de expropiación, porque no tendrían la capacidad de sustentar el nivel de compra de las viviendas en donde han residido por muchos años desde cuando se creó la antigua Autoridad de la Región Interoceánica (ARI), la cual dispuso inicialmente el arrendamiento de esas áreas.
Enfatizó que conversaciones durante varios meses con el secretario ejecutivo de la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos, Fernando Paniagua, con representantes del MEF y de la Contraloría General de la República para ver el concepto de los avalúos de Estado, se llegó al acuerdo de modificar algunos artículos y eliminar incluso uno de ellos para darle la consonancia a la posición que tiene el MEF y la UABR, con base al interés social de esas 400 familias en estos sectores.
En el caso de las personas que no quieran comprar, se buscará mantener el canon de arrendamiento actual por un término de 5 años, para que se proceda a legalizar a los ocupantes de los bienes revertidos que se encuentran destinados exclusivamente a vivienda.
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La propuesta también establece que la legalización no aplica para los casos de intrusos de las viviendas, los cuales actualmente están siendo procesados ante las autoridades policiales o judiciales.
Detalla además que el valor de la vivienda será el que resulté del promedio entre los avalúos emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas y la Contraloría General de la República.