Las autoridades penitenciarias tendrían responsabilidad penal por omisión frente a la muerte de privados de libertad que padezcan de COVID-19 y no hayan recibido la atención médica adecuada.

Así lo advirtió el abogado penalista Silvio Guerra, quien agregó que esta responsabilidad penal sería por el incumplimiento de los deberes objetivos que impone la Ley a las autoridades

Este tema toma mayor fuerza, luego de que ayer murió el primer detenido diagnosticado con COVID-19, en la cárcel de Santiago, la más afectada por este mortal virus.

Guerra recordó que cuando empezó la pandemia le solicitó a las autoridades que adoptaran medidas de subrogados penales para tratar de disminuir la cantidad de 17,899 detenidos que hay en el país.

Indicó que en ese momento advirtió que esta decisión era “inminente y urgente”.

“En ese sentido, propuse que se les diera la libertad a todos, siempre y cuando excepcionando a aquellos casos que representaran un verdadero y real peligro para la sociedad… (pero) nadie nos prestó atención, ya que enfatizaba que el COVID-19 iba a introducirse a las cárceles del país”, expresó.

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El penalista igualmente recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aconsejó a los Estados considerar subrogados penales a la detención provisional, porque era una realidad que el COVID-19 llegaría a las cárceles y “no como prisionero, sino como verdugo”.

“Hoy la realidad nos está gritando en nuestras propias caras, la cárcel de Santiago con una cifra impresionante de contagiados, la cárcel de mujeres, igual, con privadas de libertad padeciendo de COVID-19, la cárcel Nueva Esperanza, en Colón igual, la pregunta es, ¿qué estamos esperando, que sigan los contagios?

Según la Dirección General del Sistema Penitenciario hay 534 privados de libertad en el país que están contagiados de COVID-19, de los cuales 323 son de la cárcel de Santiago, 123 de la Nueva Joya, 77 del Centro Femenino de Rehabilitación y 11 del penal Nueva Esperanza.

Ante esta situación, Guerra señala que no están pidiendo que les extingan la pena, sino que se considere darle la libertad y cuando esto pase, el Estado tendrá que ver nuevamente qué va hacer con la población penitenciaria.

Según Guerra, hay otras opciones que se pueden hacer con estos casos, aunque ya hayan sido condenados, como darle casa por cárcel o prohibición de salida del país y recordó que el artículo 17 de la Constitución indica que las autoridades están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales, donde sea que se encuentren, así sea en la cárcel.

“Señor procurador, amigo Eduardo Ulloa, señor presidente de la Corte, señores magistrados de la Sala Segunda de lo Penal, hagamos algo por amor a Dios son nuestros semejantes”, puntualizó Guerra.

“Déjeme decirle algo, no perdamos ni la humanidad, ni la cristiandad, no estamos diciendo que haya una impunidad, lo que estamos diciendo es que en épocas de pandemia demostremos más que nunca nuestra cristiandad y nuestra objetividad”.

El abogado Guerra manifestó que esto no tiene que ver con política, sino con decisión, humanidad y solidaridad social.

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Mientras que Ángel Calderón,exdirector del Sistema Penitenciario y abogado de Luis Cucalón, quien se encuentra detenido en El Renacer y expuesto a contagiarse del COVID-19, recordó que la CIDH, el Pacto de San José, las Reglas de Mandela, etc., establecen claramente cuáles son las responsabilidades del Estado ante una situación que tenga que ver con los privados de libertad.

Calderón indicó que si las autoridades toman las recomendaciones que hacen estos organismos, se entiende que en las cárceles hay personas de mayor riesgo que las otras y por ello se ha recomendado que ese tipo de reclusos se les dé una medida distinta a la detención preventiva.

“Si son personas de por sí vulnerable y tienen otro tipo de afectaciones que los hacen más vulnerables al virus, las autoridades van a tener una responsabilidad penal y civil, la cual recaerá sobre el Estado panameño”.

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