Los ciudadanos pueden exigirle a las empresas almacenadoras de datos personales que su información sea retirada de los archivos, cuando la misma haya caído en la esfera de ilegal con la reciente implementación de la Ley 81, que empezó a regir el pasado 29 de marzo.
Esta norma legal prohíbe que la información personal sea utilizada para fines distintos para los cuales fueron recabados y almacenados.
“Los datos personales deben ser utilizados para los fines determinados, explícitos y lícitos para los cuales hubieran sido autorizados al momento de su recolección”, advierte.
Es decir, las personas tienen derecho a exigirle a las empresas almacenadoras de información que eliminen sus datos personales, si su uso no está enmarcado en la Ley 81.
Las autoridades han recibido múltiples quejas de que empresas que nunca le solicitaron sus datos personales manejan esta información sensible con fines comerciales.
“Sin perjuicio de las excepciones legales, el titular tendrá, además, derecho a exigir que se eliminen sus datos personales cuando su almacenamiento carezca de fundamento legal, cuando no hayan sido expresamente autorizados o cuando estuvieran caducos”, señala el artículo 16 de la citada ley.
Agrega que el suministro de información, su modificación, bloqueo o la eliminación de los datos personales será “absolutamente gratuito” y deberá ser proporcionada a solicitud de su titular o de quien lo represente.
Por otro lado, las empresas que manejen legalmente información personal obtenida en el marco de esta ley, podrán bloquearla o eliminarla, sin que exista una solicitud de su titular, cuando se compruebe que la misma es errónea, inexacta o su vigencia esté en duda.
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De acuerdo con la norma, le corresponderá a la Autoridad Nacional de Transperancia determinar cuándo una información es inexacta o no cumple con los fines lícitos establecidos legalmente.