A partir de la fecha, todas las empresas que reciban una concesión del Estado deberán, obligatoriamente, presentar y desarrollar un programa de responsabilidad social empresarial.
La norma que ya fue promulgada en la Gaceta Oficial se fundamenta en que durante años empresas extranjeras han recibido contratos multimillonarios del Estado y que al finalizar estos, dejan daños ambientales y pocas o ninguna obra en beneficio de las comunidades en donde operaron.
La Ley 262 del 23 de diciembre de 2021 establece que todas las empresas concesionarias, sin excepción, deberán establecer programas, planes, políticas y proyectos socialmente responsables que contribuyan a la disminución de la pobreza, el respeto a los derechos humanos y la protección y reparación del medio ambiente.
Todos los contratos de concesión que firme el Estado deberán tener una cláusula que contenga la obligación de presentar, en un período no mayor a 30 días después de iniciadas las labores de concesión, su plan de responsabilidad social empresarial y su metología de implementación.
Y para garantizar el cumplimiento de esta obligación, las autoridades nacionales les exigirán a los concesionarios la presentación de un plan anual de cumplimiento.
Los informes de cumplimiento serán públicos y deberán estar refrendados por un auditor independiente.
Además, el Gobierno deberá establecer criterios para garantizar el cumplimiento de la rendición de cuentas y veeduría por parte de la comunidad en donde se realizan los programas.
Los proponentes de esta ley sostienen que la norma viene a llenar un vacío legal existente en el desarrollo de la norma constitucional que ordena que las concesiones de los recursos del Estado deben beneficiar a la colectividad.
La Ley busca lograr un impacto en el desarrollo sostenible del país y la competitividad entre los concesionarios.