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Contralor Flores: ‘Los puertos son panameños y seguirán siendo panameños’
Ciudad de Panamá, Panamá/Tras más de dos meses de gestión, el contralor de la República, Anel Flores, se refirió a los retos por cumplir como ente fiscalizador y los primeros cambios que ha experimentado la institución al asumir su cargo.
“Hemos encontrado una Contraloría con un poco de baja moral”, dijo Flores.
En su primera entrevista con Noticias AM, dijo que la reducción de los tiempos de refrendo de contratos ha sido uno de los primeros temas en los que se ha enfocado.
Por ejemplo, detalló que en este periodo se han refrendado unos 6,600 millones de dólares, y el tiempo de espera que antes era de 189 días, ahora es de 30 días.
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Para agilizar el pago a proveedores, se analiza la instalación de un call center para proveedores del Estado, para que el contratista, una vez presente su cuenta en la entidad contratante, le haga llegar a la Contraloría la misma cuenta y así poder agilizar mejor el proceso.
Flores aseguró que, tras la salida del excontralor Gerardo Solís, quien tuvo una gestión marcada de críticas por la falta de fiscalización en las entidades del Estado, “hay muchas cosas que se están revirtiendo” en la institución. Por ejemplo, la prohibición del uso de celulares en las instituciones, para aumentar la productividad, ya que se ha evidenciado que los funcionarios gastan entre 2 y 3 horas en promedio utilizando el celular en temas que no tienen que ver con sus funciones públicas. Esta es una política laboral que busca ser implementada en el gobierno central y las instituciones descentralizadas.
Para Flores se requieren tres contralorías para cumplir con todo lo que demanda la institución en este momento.
Concesión a PPC
Como “malos panameños” denominó Flores a quienes en 1997 negociaron un contrato de concesión portuaria que solo dejaba, en un inicio, $22 millones al Estado y el 10% del ingreso bruto del puerto. “Eso en detrimento general, es un perjuicio a la Nación de más de $1,000 millones que dejaron malos panameños a favor de los concesionarios”, apuntó.
De acuerdo con el funcionario, la Contraloría avanza en las auditorías en Panama Ports Company (PPC), miembro del grupo Hutchinson Ports, una filial del conglomerado multinacional CK Hutchison Holdings Limited, y se está a la espera de información por parte de la empresa para finalizarla.
“Los puertos son panameños, y seguirán siendo panameños”, afirmó Flores sobre la polémica con la concesión portuaria a la empresa Hutchinson Ports PPC y la supuesta compra de acciones de la empresa norteamericana Black Rock en medio de las tensiones con los Estados Unidos, por la intención del presidente Donald Trump sobre recuperar el canal de Panamá.
De acuerdo con Flores, la información sobre esta transacción se ha solicitado porque también se enteraron sobre esta compra de acciones en los medios de comunicación. Sin embargo, aclaró que la Ley 46 de Puertos habla de que cuando se da cualquier modificación o traspaso de una concesión, debe pasar por la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá y ser refrendado por la Contraloría. Subrayó que “Panamá va a ejercer su derecho sobre sus bienes”.
Auditorías a empresas mixtas
El contralor reconoció que, al iniciar las auditorías a empresas mixtas, existen compañías que no “han sido el mejor socio para el Estado”. Por ejemplo, mencionó el caso de una empresa mixta que debía $90 millones, pero al día de hoy la deuda ronda los $700 millones, de los cuales la mitad los adeuda al Estado y por eso se analizan las acciones legales que puede tomar la Contraloría contra este tipo de contratos de concesiones, en donde ya se han constatado incumplimientos.
Tribunal de Cuentas
Sobre los procesos que se llevan a cabo en la Fiscalía de Cuentas, Flores destacó que tiene una conversación pendiente con los magistrados del Tribunal de Cuentas porque en el pasado la Contraloría ha entregado hallazgos de “lesión patrimonial”, pero los resultados de la Fiscalía de Cuentas no reflejan esta evidencia y eso es algo que a su juicio “no se puede permitir”.
“Hemos visto con mucha sorpresa, de cómo después de que hay un trabajo de la Contraloría en donde podemos probar que hubo lesiones patrimoniales, alegremente ese Tribunal nos saca una resolución diciendo que no hubo lesión. Entonces es una burla a la Contraloría, y esa prueba luego la usa el acusado en el Ministerio Público”, expresó.