Corte habría declarado inconstitucional el presupuesto de 2021

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia habrían declarado inconstitucional el presupuesto general del Estado del año pasado, tras una demanda presentada por el Colegio Nacional de Abogados (CNA), en abril de 2021.
De acuerdo con una fuente a la que tuvo acceso este medio, el fallo fue votado en la sesión del Pleno de la Corte del pasado 23 de diciembre y sería divulgado en las próximas horas.
Fueron seis artículos los que Juan Carlos Araúz y Carlos Lee, en representación del CNA demandaron por inconstitucional de la ley 176 de 13 de noviembre de 2020.
Los artículos 7 y 8, que establecían los presupuestos del Órgano Judicial, Ministerio Público (MP) y Procuraduría de la Administración fueron demandados por afectar la independencia judicial.
Mientras, los artículos 28, 29, 30 y 31 de la citada norma violan preceptos constitucionales, como el artículo 214 de la Carta Magna que establece que los presupuestos del Judicial y el MP no podrán ser inferiores al 2% de los ingresos corrientes del Gobierno Central.
Al ser consultado sobre la decisión de los magistrados, Araúz dijo que esperará leer el texto del fallo para conocer la nueva dimensión de como se regulará el presupuesto de la Administración de Justicia.
“Un fallo de esta naturaleza cambia los principios con los cuales el Gobierno habría operado durante décadas y obligaría que el Órgano Judicial sea tratado de forma diferenciada al momento de valorar el tema del presupuesto que requiere”, afirmó.
El pasado domingo, en su informe a la nación, el presidente Laurentino Cortizo anunció que el Judicial sería dotado con 15 millones de dólares para que se implementara la Carrera Judicial, una de las principales deudas que tiene el sistema de justicia en la actualidad.
El presidente del Colegio de Abogados aseguró que esta situación, en la que se tiene que recurrir a partidas extraordinarias para atender necesidades apremiantes de la justicia, cambiaría con este fallo.
“La justicia ya no tendría que estar buscando cada tres meses, estar llorando en cada esquina. De una forma anual y programada, el Judicial podría elaborar su propio presupuesto y evita que esto se preste para algún tipo de contubernio político”, dijo Araúz.
El jurista explicó que cuando la justicia pide dinero o cuando se le reduce los recursos, directamente tiene que ver con el funcionamiento, por lo que su presupuesto está ligado íntimamente a una independencia real.
Denuncia
Por otra parte, este lunes el Colegio de Abogados y la Federación de Profesionales de Panamá (Fedap), presentaron una demanda de inconstitucionalidad contra la ley 256, que establece la facturación electrónica en el país.
A juicio de los gremios, esta disposición legal atenta contra el libre ejercicios de las profesiones liberales, lo que es violatorio del artículo 40 de la Constitución Política.