La Fiscal Superior de Ambiente, Fátima Sánchez, recibió una denuncia del abogado ambientalista Harley Mitchell Morán, contra la sociedad Sea Energy Shipping, Inc., señalada como responsable de la barcaza Sea Lion.
Esta nave que fue denunciada por residentes de Taboga y por los ambientalistas como posible fuente del derrame ocurrido hace dos semanas y que impactó la actividad turística y comercial de la isla.
Al tiempo que Noriel Araúz, administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), hizo descargos por adelantado a favor de la nave Sea Lion, según el funcionario, por falta de pruebas (que, según la Ley) la propia institución debía investigar. Por ello, este funcionario fue objeto también de una denuncia disciplinaria ante la Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá, por defender a la embarcación sin tener un reporte oficial de la propia entidad que él administra. Tal denuncia administrativa, fue igualmente generada por Mitchell.
El Sea Lion tiene a cuestas un derrame de miles de galones de bunker a las puertas del Canal de Panamá hace 12 meses, en junio de 2020, sin que se conozcan sanciones administrativas o disciplinarias directamente vinculadas a ese hecho. Actualmente, Sea Energy Shipping, Inc., cuenta con una licencia de operaciones de combustible, que hace un año le fue revocada por la AMP (y misteriosamente devuelta), sumado al derrame y a las inspecciones hechas al Sea Lion, es una situación que el abogado considera debe ser al menos investigada.
Gabriel Fernández, representante legal de Sea Energy Shipping, Inc., protestó ante las afirmaciones sobre la responsabilidad que le toca a su empresa, expresando en un diario que Sea Lion ya no forma parte de su flota y que fue transferida a una empresa del mismo nombre Sea Lion hace unos meses.
En menos de un año, Sea Energy Shipping cambió de propietarios y junta directiva, traspasó su responsabilidad del Sea Lion a una empresa sin operaciones de nombre similar y adquirió nueva flota en base a la cual desarrolla su negocio sin afectaciones, conservando su licencia bajo la aprobación de la AMP.
Según Mitchell, “la nave llamada Sea Lion, estuvo operando bajo la licencia de la Sea Energy Shipping, durante dos incidentes que tuvo este buque en aguas panameñas el año pasado: el derrame de combustible en las aguas del Canal de Panamá y la sanción administrativa interpuesta por la AMP por la omisión de reportar las dársenas o despachos de combustible, dicho buque y el Sea Light, ambos bajo la licencia de aquella empresa”.
“El hecho de que la nave misma sea propiedad de otros en la actualidad, según revela Fernández públicamente, no explica cómo Sea Energy Shipping Ldt logró escapar de la responsabilidad administrativa, penal y civil que corresponde a quienes incurran en eventos de contaminación, que debió ser hecha cumplir por la AMP y, dentro de su competencia, la ACP”, de acuerdo con el análisis del abogado.
La licencia, según su presidente, hoy vigente de Sea Energy Shipping, Ltd fue retirada por la Autoridad Marítima de Panamá por las infracciones señaladas, a través de la Resolución ADM 077 2020, sin perjuicio de procesos de cobro coactivo y responsabilidades ante aquella entidad.
De acuerdo con el jurista, debería explicarse cómo a pesar de la gravedad de los motivos de la AMP para ejercer estas acciones el año pasado, actualmente sea defendida la vigencia de la licencia de Sea Energy Shipping Ltd.
El administrador Noriel Araúz debería explicare al menos a sus superiores cómo aplica las normativas de la AMP en este caso, dada su calidad de servidor público que ejerce en defensa de los intereses de todo el sector marítimo.
Afirmó además, que el “proceso comercial” dentro de la adquisición de Sea Energy Shipping, Ltd., haya excluido a los buques infractores Sea Light y Sea Lion, en el contexto de las palabras de Fernández, podría hasta interpretarse como un intento de desligarse de la responsabilidad que corresponde.
Esto también debería investigarse por parte de la Autoridad Marítima.
Los ambientalistas están en alerta ante una embarcación en tan deplorable estado aún se encuentre flotando frente a la bahía de Taboga con residuos de combustible y aceites con una estructura oxidada, como evidentemente se aprecia en las imágenes publicadas en los medios a raíz de ambos incidentes y huérfano de responsables ante el peligro potencial hasta que ocurre una desgracia.
El interés no debe iniciar y terminar con un derrame, es imperativo un sistema que proteja nuestras costas y aguas nacionales de manera eficiente, termino diciendo Mitchell.