Una denuncia formal en contra del procurador de la Administración, Rigoberto González, fue presentada por los abogados Alma Cortés, Alejandro Pérez y Jamis Acosta al Ministerio Público por usurpación de funciones, abuso de autoridad y otros posibles delitos al entrometerse en temas presupuestarios del Municipio del Distrito de Panamá.
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Según Alma Cortés, la denuncia se da ¨luego de recibir una correspondencia que suscribió el procurador de la Administración al presidente del Concejo Municipal, del Distrito de Panamá, solicitando dinero para realizar una demolición de un inmueble, en la que él no es parte ni como persona ni como autoridad ni representa el Estado para favorecer a una de las personas lo que, posiblemente, puede constituirse en delito de tráfico de influencias¨.

Durante la denuncia, Alma Cortés indicó que es muy mal precedente para la administración pública que un procurador de la Administración, que sus actuaciones deben estar apegadas a la ley, toda vez que una de sus funciones s, precisamente, vigilar constitucional y legalmente, que los servidores públicos cumplan estrictamente con el principio de legalidad.
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Cortés solicitó al procurador general de la Nación, Javier Caravallo, que “haga una investigación prolija, lo más pronto posible, y que se apliquen medidas cautelares como la separación del cargo, de estos funcionarios, porque hay evidencias contundentes, que acreditan la existencia de estos hechos punibles”.

Para el abogado Alejandro Pérez, el procurador de la Administración, Rigoberto González, ha metido sus manos en un caso administrativo que no le compete y tendrá que responder ante la justicia por sus actos.