Por: Redacción / Crítica Impreso – Viernes 24 de mayo de 2024 12:00 AM

El abogado ambientalista Harley Mitchell Morán presentó ante la Procuraduría de la Administración una denuncia contra el ministro de Comercio e Industrias, Jorge Rivera Staff, por la demora en la implementación de medidas de cuidado y mantenimiento ordenadas como resultado del fallo de la Corte Suprema de Justicia del 27 de noviembre de 2023.

Según el abogado denunciante, el ministro de Comercio ha actuado de manera inversa a la urgencia requerida por la situación ambiental de riesgo en el área de Molejón, por lo que esta inacción debe ser denunciada a las autoridades competentes. Asegura que en el área hay en existencia al menos unas 132 mil toneladas de concentrado de cobre, que constituyen un gran riesgo ambiental en la zona.

En el documento Mitchell señala faltas graves, incluyendo el retraso injustificado del ministro, quien fue designado por el presidente Laurentino Cortizo y su Consejo de Gabinete para abordar este asunto, conforme al Decreto de Gabinete No. 19 de 2024. Las medidas tomadas hasta ahora parecen más un esfuerzo de relaciones públicas que acciones responsables para mitigar un peligro ambiental significativo, asegura el abogado.

Mitchell Morán sostiene que la responsabilidad de determinar si el ministro del MICI ha incurrido en un delito corresponde al Procurador de la Administración, quien debe velar por la conducta disciplinaria de los servidores públicos y, si encuentra evidencia de delito, actuar según el Código Procesal Penal.

El abogado sostiene que el informe del Ministro de Comercio sobre la inspección a la mina, es tardío y carece de información métrica, cuantitativa y cualitativa necesaria para tomar decisiones relevantes sobre los minerales en la zona. Este informe ignora las directrices de la Procuraduría de la Administración y los instrumentos de gestión ambiental vigentes, como el Estudio de Impacto Ambiental aprobado en 2011.

Señala que el documento no presenta fundamentos legales claros ni responde a la Resolución de Gabinete que autorizó al MICI a gestionar esta situación minera. “No se está cumpliendo con la ley que responsabiliza al MICI sobre los desechos ni con la Ley General de Ambiente, ignorando la competencia legal y la necesidad de evaluación de impacto ambiental adaptativa. Además, se está desatendiendo la Resolución de Gabinete que faculta al MICI para representar al Gobierno Nacional en este tema crítico”.

Para Mitchell Morán esta inacción no es más que un signo de que este gobierno pretende dejar el tema para el próximo gobierno.

Por su parte, el MICI alega que no existe tal retraso o inacción en las acciones que se llevan adelante del Plan de Preservación y Gestión Segura (PGS) y han procedido a solicitar los servicios de un laboratorio internacional certificado, a fin de realizar las pruebas y análisis técnicos, que determinen la cantidad y calidad del concentrado de cobre, así como las características geoquímicas del material almacenado.

También explican que la comercialización de este material almacenado conlleva una serie de análisis y pericias que se han estado llevando adelante de forma ordenada dentro de los plazos y de acuerdo con los estándares internacionales, al igual que se han estado adelantando en paralelo diversas acciones para la realización de las auditorías respectivas.