El abogado Justino González denunció que el traslado “arbitrario” e “ilegal” de 36 unidades del Servicio de Protección Civil (SPI) causó la muerte por “negligencia” de un capitán de la institución por covid-19.
González, a nombre de la viuda del capitán y de los agentes del SPI trasladados, dijo que en la acción hubo “arbitrariedades, persecución, desviación de poder y posibles conductas penales”.
Acusa de esta acción al director del SPI, Julio César Garrido, y al viceministro de la Presidencia, Carlos García.
El viceministro García, según González, dio el visto bueno el pasado 27 de mayo de 2020 para que se trasladaran a unos 36 miembros del SPI a la Policía Nacional.
Agregó que los traslados son ilegales porque fueron autorizados sin facultad legal para ello por el viceministro García.
Como consecuencia de esa acción “ilegal”, denunció el jurista, falleció de covid-19 el capitán Miguel Elías Quintero, quien fue trasladado a la Policía Nacional en agosto de 2019.
Sostiene que el capitán estaba próximo a jubilarse en mayo próximo.
Su viuda, Elizabeth Navarro de Quintero, afirmó que fue un acto negligente y de persecución y sostuvo que la mortalidad en el SPI es del 0%, a diferencia de los casos de fallecimientos registrados en las filas de la Policía Nacional.
La viuda, a través de su abogado, reveló que ni el SPI, ni la Policía Nacional, pagaron el sepelio alegando que su esposo no pertenecía a ninguna de las dos instituciones.
González reiteró que los oficiales clases y tropas fueron trasladados ilegalmente y que en la actualidad se encuentran en una laguna jurídica administrativa, ya que no son reconocidos como agentes del SPI ni de la Policía Nacional.
Aseguró que ni siquiera son tomados en cuenta para ascensos en ninguna de estas entidades de la Fuerza Pública.
El abogado González sentenció que acreditará en los diversos procesos legales la desviación de poder con apariencia de legalidad y las “conductas dolosas” con el fin de perseguir a los enemigos de la cúpula del SPI.