Una de las diputadas que elaboró el estremecedor informe que reveló vejaciones y violaciones a menores en albergues de Panamá denunció este miércoles un “manejo político” del caso y que la Fiscalía está evadiendo a los involucrados “de alto perfil”.

“Preocupa mucho el manejo político que se le está dando” a este escándalo, “si sabemos que hay personas importantes, que usted los ve con vínculos familiares político-partidistas, económicos, empresariales, ¿cómo ellos (la Fiscalía) en este momento no han agarrado a estas personas?”, dijo a Efe Walkiria Chandler, diputada suplente a la Asamblea Nacional (AN,Parlamento).

Hasta el momento, la Fiscalía panameña ha imputado a seis personas relacionadas con este caso por delitos sexuales, maltrato a menores y peculado o malversación, todas ellas “mandos bajos”, dijo la diputada sin ofrecer más detalles.

Un imputado por actos libidinosos y corrupción de menores en perjuicio de una niña de 12 años en un albergue de la provincia caribeña de Colón, en hechos ocurridos en 2018, ya fue hallado culpable y se espera que un juez lea en abril la sentencia por este caso, en el que la Fiscalía ha pedido 21 años de prisión.

A juicio de Chandler hay un “tipo de silencio cómplice por parte de las autoridades”, ya que “pareciera que las personas de perfil alto involucrados en el tema, nada (les) está pasando”.

“El Ministerio Público tiene fiscalías e investigadores; ellos tienen las herramientas y las facultades legales para poder hacer una investigación más profunda a raíz de nuestra información”, agregó Chandler.
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Una subcomisión parlamentaria presentó a inicios de febrero pasado un informe que detalla que desde 2015 decenas de menores fueron abusados sexualmente y maltratados física y psicológicamente en 14 albergues en los que se acoge a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. El documento fue entregado a la Fiscalía.

Los albergues, que están bajo la supervisión estatal a través de la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia (Senniaf), son administrados por ONG y fundaciones y reciben subsidios públicos.

La Fiscalía ha dicho que hay 20 víctimas menores de edad y 18 investigaciones por este escándalo que conmociona al país, y que ha provocado multitud de manifestaciones a nivel nacional y un repudio social generalizado.

Hay testimonios de las supuestas víctimas de violación, según las cuales fueron atacadas por “religiosos” o cuidadores, y que incluso les hicieron abortar, como dijo a Efe la diputada oficialista Zulay Rodríguez.

Desde hace al menos tres semanas, ni la Fiscalía ni las autoridades han dado nuevos reportes sobre el caso, lo que a juicio de la diputada “pareciera ser que el gobierno está esperando a que baje la marea y sea un tema más” que se diluye.

Chandler criticó que la investigación de la Fiscalía “va más lento” de lo “normal”.

Admitió que le “preocupa y llama la atención” que los casos de abusos no son “hecho aislado”, pues se dieron en “toda la geografía nacional y durante distintos gobiernos”.

Por este caso ya renunciaron Eduardo Ulloa como fiscal general, y Mayra Silvera como directora de la Senniaf, un cargo que había asumido este mismo año.

Actualmente, la Fiscalía está bajo el liderazgo de Javier Caraballo, que desde que asumió el cargo de fiscal suplente ha adelantado las investigaciones de este caso.

Hasta el momento, no se ha designado un nuevo líder para la Senniaf, y el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, admitió públicamente que designar un nuevo fiscal general no es un tema prioritario. 
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