Transcurridos 50 años de la desaparición física del padre Jesús Héctor Gallego, en Santa Fe, provincia de Veraguas, la iglesia católica ahora propone que el 9 de junio, cuando se dio este hecho, sea declarado como “Día de la Reconciliación”.
Con esta propuesta, según palabras del arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, en esa fecha se podrían encontrar tanto los desaparecidos de la dictadura, como los desaparecidos de la invasión y los desaparecidos en el actual tiempo de democracia.
En junio se cumplieron 50 años de la desaparición física del padre Héctor Gallego.
“Urge que los panameños podamos mitigar ese dolor, porque todavía sigue resonando ¿Héctor dónde está? Y también pongámosle Héctor a todos los demás nombres de los desaparecidos”, expresó Ulloa.
El monseñor consideró que es momento para hacer justicia a los familiares, sin rencor ni resentimiento, sino pensando en Panamá.
“Tenemos que unirnos y deponer ese dolor que hemos llevado por años”, resaltó Ulloa.
Sin embargo, estas palabras causaron dolor en Maritza Maestre Bethancourt, vocera del Comité de Familiares de Desaparecidos y Asesinados de la Dictadura Militar en Panamá (Cofadepa-HG).
Los miembros de esta organización firmaron un acuerdo con el Estado en 2019 y uno de los puntos era que el 9 de junio fuera declarado como Día del Desaparecido y Asesinado de la Dictadura Militar y, a su vez, fuese de reflexión.
“Esto demuestra que lejos está la iglesia de nuestra postura”, consideró Maestre, cuyo tío Alcibiades Bethancourt fue desaparecido el mismo año que Gallego, en 1971.
Maritza narró que por una década han estado en una mesa de trabajo con el Gobierno y llevan dos bajo un acuerdo, del cual no se ha cumplido nada.
“No sabe el dolor que a mí me dio cuando escuché eso (la propuesta de los obispos). Hemos sido personas pacientes y silenciosas”, afirmó.
Ante las palabras de monseñor Ulloa sobre la representación de Gallego en todos los demás desaparecidos, Maestre se preguntó si se es iglesia al solo hablar de uno y no de las otras 115 personas que la Comisión de la Verdad encargada de investigar sobre este periodo, registró como desaparecidas y asesinadas durante los 21 años que duró el régimen militar.
También, se mostró inconforme porque los obispos los unieron con los desaparecidos y víctimas de la invasión estadounidense del 20 de diciembre de 1989.
“En nuestros casos, el Estado fue el infractor, el que asesinó, el que torturó, el que persiguió, el que expropió”, recordó Maestre.
Sobre los hechos de la invasión, en la actualidad hay una comisión, nombrada en el pasado quinquenio, que tiene la misión de investigar qué ocurrió durante la agresión armada, cuántas personas fallecieron y si hubo violación al derecho humanitario, así como al derecho internacional.
Luego de cinco años, este grupo ha confrontado problemas presupuestarios para operar, a pesar de que se ha extendido su funcionamiento hasta 2023.
¿Dónde está?
Según Manuel Ochogavía Barahona, obispo de Colón y Guna Yala y secretario general de la Conferencia Episcopal Panameña (CEP), la declaración de la iglesia no significa que haya cesado su interés por conocer dónde están los restos de Héctor Gallego.
“Seguimos esperando la noticia de saber dónde está. Esa es una de las grandes deudas que tenemos con este gran hombre”, reconoció.
Sin embargo, agregó que el país necesita dar paso a una etapa que permita el discernimiento hacia la reconciliación nacional, como ha ocurrido en otras naciones de la región, que transitaron por situaciones similares.
“Es un gran ejercicio de ciudadanía que Panamá necesita”, opinó.
Seguimiento
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) da seguimiento a los acuerdos firmados entre el Estado y los familiares de las víctimas de la dictadura militar (1968-1989), en junio de 2019.
No obstante, no se conoce sobre el cumplimiento de algunos de los puntos aprobados y ni siquiera sobre la memoria histórica hay resultados.
Se habló, por ejemplo, sobre un monumento en honor a las víctimas, el cual fue gestionado en el gobierno anterior sin que se llegara a concretar, luego de un acto público celebrado.
La parte más sensitiva, que es el resarcimiento económico por parte del Estado, ante los daños y perjuicios ocasionados a estas personas, todavía está bajo discusión.