Ciudad de Panamá, Panamá/El futuro de la mina Cobre Panamá sigue generando debate en distintos sectores del país. Con la reforma a la Caja de Seguro Social ya cerrada, el presidente José Raúl Mulino ha puesto su mirada en este tema, describiéndolo como “amplio” y “escabroso” debido a la existencia de al menos seis o siete arbitrajes internacionales en curso, con reclamaciones millonarias contra el Estado panameño.

“El tema de la mina será abordado con mucha responsabilidad y teniendo en cuenta en todo momento el interés nacional a proteger”, afirmó el mandatario.

Como parte de esta estrategia, autorizó la exportación del material molido que aún se encuentra en la mina y la reactivación de la planta termoeléctrica.

Según explicó, la salida del mineral es fundamental para recuperar parte de la inversión del país. “Yo autoricé la sacada del material que está molido ahí, que se está desperdiciando, y sobre el cual Panamá tiene una barbaridad de dinero metido que le tienen que regresar a Panamá, una vez sea procesado afuera”, dijo Mulino el jueves en su conferencia semanal.

Pero sus declaraciones, empezaron a levantar voces a favor y en contra de la posible apertura de la mina. Una de las que rápidamente reaccionó fue Minera Panamá, la empresa que operaba la mina, celebró la autorización del gobierno para exportar el concentrado de cobre.

En Cobre Panamá recibimos con satisfacción las declaraciones del Presidente de la República, José Raúl Mulino, en torno a las autorizaciones para exportar el concentrado de cobre, importación de carbón y arranque de la planta de generación eléctrica”, afirmó la compañía en un comunicado.

Además, reiteraron su voluntad de diálogo. “Tenemos disposición para dialogar y encontrar juntos la mejor solución, siempre con el objetivo de aportar al bienestar del país y de todos los panameños”, señalaron en el documento.

Ambientalistas en pie de guerra

Esta reacción no fue bien recibidos por los sectores ambientalistas. Lilian González Guevara, directora ejecutiva del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), advirtió que “las declaraciones del presidente Mulino ayer jueves, exclusivamente enfocadas en el impacto al PIB, los arbitrajes y la reunión sostenida con proveedores de la mina, claramente buscan allanar el camino para la reapertura del proyecto de hecho y no en derecho”.

González Guevara también señaló que Mulino no mencionó las restricciones derivadas del fallo de la Corte Suprema de Justicia de 2023 ni la Ley 407 de moratoria minera. “El presidente obvia mencionar las restricciones derivadas del fallo de la Corte Suprema de Justicia de 2023 y la Ley 407 de moratoria minera, y las auditorías pendientes”, agregó.

El 28 de noviembre de 2023, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional el contrato Ley No. 406, dejando sin efecto la concesión a Minera Panamá S.A., filial de First Quantum, para operar Cobre Panamá.

González cuestiona la falta de un plan de desarrollo para sustituir la actividad minera en las comunidades de Donoso, Omar Torrijos y La Pintada. Otro punto de fricción ha sido la autorización de la termoeléctrica. Según datos de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, en diciembre de 2024 el consumo máximo mensual de electricidad en Panamá fue de 1,921 MW, mientras que la generación se mantuvo en 3,037 MW.

Esta planta utiliza carbón, el combustible más contaminante disponible. Esta decisión es, en consecuencia, contradictoria a la postura del país en las negociaciones globales para enfrentar la crisis climática”, sostuvo González Guevara.

Esta situación obligó al Gobierno ayer viernes, ha aclarar que tanto la exportación de cobre como la reactivación de la planta termoeléctrica no son decisiones finales, sino que están sujetas a condiciones estrictas.

Ante las críticas, el Ministerio de Comercio e Industrias reafirmó la postura del gobierno, señalando que “el Gobierno ha sido claro que no iniciará ninguna conversación formal con la empresa minera mientras los arbitrajes contra el Estado panameño estén vigentes”. También aclararon que cualquier posible negociación dependerá de la disposición de Minera Panamá a suspender los procesos legales en curso.

Sobre la termoeléctrica, el MICI enfatizó que su reactivación pondrá a disposición 300 megavatios adicionales para la red eléctrica nacional, pero insistió en que “esta decisión no tiene ninguna relación con la actividad minera, la cual permanece detenida en cumplimiento del fallo de inconstitucionalidad”.

La satisfacción de Minera Panamá: ¿Pausará arbitraje?

Solo pasaron horas para que Cobre Panamá, mediante un comunicado interno que se filtró, anunciara que instruyó a su equipo legal a reunirse con el Gobierno para suspender arbitrajes internacionales.

“Esto forma parte de un proceso transparente y constructivo que conduce a una solución en beneficio de los trabajadores, las comunidades, los proveedores y todos los panameños“, señala el documento dirigido a los colaboradores.

Navarro: ‘Primero es la auditoría’

Sin embargo, el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, que recientemente, fue consultado sobre si el Gobierno abriría solo para cerrar o si se renegociaría un nuevo contrato, manifestó que:

“El primer punto es el audito. Una vez se tengan los resultados del audito, se analizará para saber dónde estamos y en ese punto volvemos a hablar”.

A pesar de las distintas posturas, el gobierno se enfrenta al reto de equilibrar intereses económicos, legales y ambientales, mientras distintos sectores del país presionan por una solución definitiva.

Las próximas semanas serán claves para definir el rumbo de este conflicto que, por ahora, sigue sin una respuesta clara. La gran incógnita sobre el conflicto minero en Panamá: ¿cierre definitivo o renegociación en el horizonte?