Los supuestos casos de esterilización forzada de mujeres, es una parte del abanico de violaciones de derechos a las que se enfrentan las mujeres en zonas indígenas, advirtió la activista de derechos humanos, Lucy Córdoba.
Córdoba asegura contar con testimonios de mujeres que fueron esterilizadas tras un parto, sin consentimiento propio o de algún familiar, mismos que certificará y entregará a la Defensoría del Pueblo.
Afirma que se trata de mujeres con bajo nivel de educación, que viven en extrema pobreza, en área inaccesible y que se enfrentan a la barrera del idioma, que las coloca en un estado de vulnerabilidad.
Se trata de una falta de sensibilidad humana que debe ser investigada y corregida por parte de las autoridades y las entidades llamada a salvaguardar los derechos humanos de estas mujeres, indicó.
La Defensoría del Pueblo anunció una investigación, desde el ámbito de los derechos humanos, por la denuncia de supuestas esterilizaciones sin consentimiento en comunidades en Bocas del Toro.
Una comisión encabezada por el defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc González, la defensora adjunta, el director de Protección de Derechos Humanos, y unidades especiales, se trasladará el lunes a la región.
Leblanc gonzález envió nota a los hospitales de la región e insistió en que se trata de una denuncia muy delicada que trasciende fronteras, y de confirmarse, representa un retroceso como país en materia de derechos humanos.
Estos hechos estaría violando la Convención de Belém do Pará, convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, indicó.
El escándalo por supuestas esterilizaciones sin consentimiento lo hizo público la diputada suplente Walkiria Chandler en la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia, en medio de la comparecencia de la viceministra de Salud , Iveth Berrío.
Chandler aseguró que mujeres en sectores como Charco la Pava en Bocas del Toro, interpusieron sus quejas a las autoridades durante una gira de inspección para atender casos de leishmaniasis.
Este jueves, la diputada Kayra Harding acudió al Ministerio Público para presentar una denuncia por una noticia criminis, relacionada a las esterilizaciones sin consentimiento en áreas de las comarcas.
Tras las denuncias, el Ministerio de Salud emitió un informe donde defendió los procedimientos en sus instalaciones médicas.
El Minsa indicó que en la Región de Salud Comarcal Ngäbe-Buglé en los últimos años no se practica ningún programa de esterilización.
Mientras, que en el Hospital Guillermo Sánchez de Bocas del Toro la salpingectomía se efectúan de manera selectiva, en el Hospital del oriente chiricano en San Félix no se practican salpingectomía, mientras que en el Hospital Luis “Chicho” Fábrega, en Santiago, están suspendidas.
Ante esto, Córdoba pidió un manejo responsable de las denuncias para evitar la revictimización de las posibles afectadas.