El abogado y catedrático universitario, Silvio Guerra, indicó que el Estado panameño no puede negarse o ser reacio a brindarle a sus ciudadanos la debida tutela jurídica donde estén y en la situación en que se encuentren, esto en referencia a la detención en Guatemala de los diputados del Parlacen, Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares.
Indicó que el hecho de que más de 30 diputados de la Asamblea Nacional de diferentes bancadas políticas hayan requerido que, de una vez por todas, el Estado panameño, a través de la Cancillería, reclame a los diputados Martinelli Linares, “es una cuestión que llega de manera tardía, pero que nunca es tarde, cuando la dicha es buena”.
“Por qué les digo esto, porque aquí en Panamá pareciera que hemos olvidado que los nacionales que nacieron en este territorio, de padre y madre panameños, y aún cuando no lo sean de panameños, pero que nacieron aquí, inclusive los naturalizados se tienen como hijos de la patria y lo que la patria hace por un hijo como una madre hace por un hijo, es darle el amparo, en este caso el amparo jurídico”, sentenció.
Agregó que no se trata de advertir si cometieron algún delito, “porque recuerden lo que dice la Constitución: toda persona se presume o se tiene por inocente hasta que no se le acredite o demuestre lo contrario en un juicio público en el que se le respeten sus derechos y garantías constitucionales, legales y convencionales”.
Guerra indicó que el problema en Panamá es que las instituciones se aplican dependiendo de la mira y la óptica política, “lo cual es un error, porque así no funciona el Estado de Derecho, todo es una cuestión de subjetividad, si es el hijo o la hija de fulanito y es amiguito del poder, estamos bien. Si es la hija o el hijo de fulanito y es enemigo del poder o contrario al poder, entonces está mal”.
De forma clara, el jurista señaló que el Estado panameño debe operar con objetividad, independencia e imparcialidad jurídica, “eso es lo que exigen los ciudadanos dentro de un Estado de Derecho”.
El experto enfatizó que el Estado panameño no puede negarse a esa tutela jurisdiccional de respeto pleno de los derechos y libertades constitucionales y legales.
“Por eso, advertía que aunque tarde, es oportuno que quien tiene legalmente el derecho de reclamarlos y legítimamente jurídico y natural, es el Estado panameño frente a cualquier otro”, explicó.
En reiteradas ocasiones, la defensa de los hermanos Martinelli, detenidos ilegalmente en Guatemala, han solicitado a las autoridades panameñas accionar frente a la situación de indefensión que viven los diputados de Panamá.
En junio, se denunció que la Cancillería dfe la República le informó a la exprimera dama, Marta Linares de Martinelli, y a su abogado, que no harían más de lo que han hecho hasta este momento en el caso de los diputados panameños y que tampoco harán valer el artículo 17 de la Constitución Política de Panamá.