Manifestantes exigieron este viernes en la capital panameña “respuestas” y “justicia” para las decenas de niños y niñas víctimas de abusos sexuales y maltratos psicológicos y físicos en albergues bajo la supervisión del Estado de Panamá.

“Violadores, violadores” gritaban los manifestantes, más de medio centenar, entre ellos feministas y activistas de derechos humanos, reunidos a las puertas de la sede de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), la responsable de los albergues.

Algunos participantes en la protesta lanzaron globos con pintura contra el edificio, hicieron pintas en el piso y colocaron velas encendidas, sin que se registraran incidentes y bajo la vigilancia de agentes de la Policía que llegaron al lugar.

Un informe de una subcomisión del Parlamento de Panamá revelado esta semana indicó que decenas de menores fueron abusados sexualmente y violentamente maltratados física y sicológicamente por sus cuidadores desde 2017 en al menos doce albergues financiados y supervisados por el Estado.
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El documento, al que tuvo acceso Efe, confirmó que “existen evidencias concretas de abusos, violencia y maltratos físicos a niños, niñas y adolescentes albergados, sobre todo cuando tienen alguna condición de discapacidad intelectual”, además de las malas condiciones en las que viven.

“Nosotras exigimos a las autoridades que haya culpables, que haya sancionados, que a los niños y niñas este daño les sea reparado”, dijo a Efe la abogada y feminista Irma Hernández, que condenó que todas las entidades estatales involucradas en la tarea del cuidado de la niñez intentan ahora “lavarse las manos”.

Los ministerios de Desarrollo Social (Mides), de Educación (Meduca), la propia Senniaf “no responden”, reclamó la activista, que recalcó que los niños y niñas víctimas “no se violaron solos”.

“Lo que estamos viendo es un crimen organizado sexual realmente bizarro y hay que frenar eso. Sabemos que una violación sexual, una violación física y psicológica no se cura nunca en la vida, pero hay una responsabilidad del Estado y estamos aquí exigiendo justicia para esos niños y niñas y que el Estado deje de ser cómplice. Estamos esperando respuestas, justicia”, agregó.

La presidente de la Coalición internacional de Mujeres y Familias (Cimuf), Samira Armengol, dijo a Efe que esta “vergonzosa situación” no es nueva, y que esta misma organización presentó en el 2019 una denuncia sobre abusos en un albergue situado en la periferia de la capital que fue “desestimada” por las autoridades competentes.
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“Estas denuncias no son nuevas, las personas que han sido autoridad en la Senniaf las conocían (…) esto ha sido la gota que derrama el vaso para explicar la ineptitud del Gobierno, y no solo de este, si no de todos los que han permitido que esto se de”, agregó Armengol.

El Ministerio Público (MP,Fiscalía) anunció este viernes a través de sus redes sociales el inicio de “una investigación de oficio ante publicaciones en medios de comunicación sobre albergues infantiles y solicita informes al SENNIAF, MIDES y Asamblea Nacional”.

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) ha instado a las autoridades de Panamá a realizar las investigaciones pertinentes con la mayor prontitud posible, y sugirió una reforma al sistema de protección a la infancia mediante la aprobación de una ley en la materia.

“El sistema como está ahora mismo no funciona, hay que reformarlo. Se necesita una ley de protección. Unicef insta a las autoridades a que resuelvan de una vez esa deuda histórica que tiene el Estado con la niñez”, dijo este viernes a Efe el experto en política social de Unicef, Jorge Giannareas. 
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