El 6 de abril de este año, Juan Carlos Araúz y Carlos Lee, en representación del Colegio Nacional de Abogados (CNA) presentaron una demanda de inconstitucionalidad contra la ley que dicta el presupuesto general del Estado para 2021.
La demanda obedeció a la estrechez presupuestaria y falta de autonomía del Órgano Judicial para poder contar con los recursos necesarios para impartir justicia como debe ser.
Hoy, a pocos días para que concluya el año, Araúz hizo un llamado a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que antes de que la ley pierda vigencia, se pueda emitir un fallo que le sea favorable a la propia administración de justicia.
Efectos
El dirigente gremial plantea que un fallo sobre la inconstitucionalidad de la ley 176 de 13 de noviembre de 2020, obligaría al Gobierno a consultar con las instituciones de justicia antes de asignar, en forma arbitraria, su presupuesto.
“Los presupuestos del Estado se tendrían que considerar con base en el procedimiento que se vaya a determinar en ese fallo, es decir, la consulta a la CSJ sobre sus necesidades, la priorización de distintas temáticas que hoy día, con la mera asignación del presupuesto no toma en cuenta, realmente, a las instituciones vinculadas a la justicia”, planteó el presidente del CNA.
Apoyo
Todavía no hay un fallo de este recurso, aunque se conoció que el procurador general de la Nación, Javier Caraballo, al inicio, se quiso declarar impedido para opinar al respecto, solicitud que fue rechazada por el Pleno de la Corte Suprema.
Finalmente, a finales de julio, Caraballo dio la razón al CNA y pidió a la Corte que declare inconstitucional los artículos de la ley de presupuesto que atentan contra las asignaciones que recibe la Administración de Justicia.
Y es que las quejas por los ajustes presupuestarios que han recibido los componentes del sistema de justicia han sido constantes en los últimos años.
En el caso del Órgano Judicial, sus rectores argumentan que la estrechez de sus recursos económicos, les ha impedido abrir juzgados y tribunales que permitan agilizar la resolución de los expedientes en las diferentes jurisdicciones.
Cumplimiento
Una pregunta que sobresale es que si, a pesar de que se falle en contra de la ley de presupuesto, el Órgano Ejecutivo cumpliría con lo dispuesto y no reduciría las asignaciones solicitadas.
Al respecto, Juan Carlos Araúz manifestó que la justicia, como última palabra en materia de conflictos, tendría que marcar su independencia presupuestaria y la validez de sus propias decisiones.
En tal sentido, un fallo a favor de los demandantes, “formaría parte de una renovada visión en materia de justicia”.
El presupuesto general del Estado comienza a ser elaborado por las entidades en el mes de mayo del año anterior a la vigencia fiscal. En julio, comienza a ser analizado por el Ministerio de Economía (MEF).