La Fiscalía de Panamá dijo este miércoles a Efe que investigará a los “54 albergues” en todo el país tras las denuncias de abusos sexuales y maltratos físicos y psicológicos a decenas de menores en esos hogares, que deben ser supervisados por el Estado, un escándalo que ha sacudido a la nación y generado protestas. 

“Las diligencias que se están haciendo van a abarcar los 54 albergues de los que se tiene conocimiento”, declaró a EFE una fuente del Ministerio Público (MP, Fiscalía).

Poco después de que la Fiscalía emprendiera esta investigación integral, el Procurador General de la República (Fiscal General), Eduardo Ulloa, anuncio su dimisión. 

Una subcomisión de la Asamblea Nacional (Parlamento) presentó hace más de dos semanas un informe que detalla que desde 2015 decenas de menores fueron abusados sexualmente, maltratados física y psicológicamente en 14 albergues a nivel nacional, en los que se acoge a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

“Fue muy lamentable conocer de primera mano que la realidad supera la ficción: el estado de abandono y revictimización es sorprendente. Los menores están en condiciones infrahumanas”, dijo entonces a Efe la diputada suplente de libre postulación Walkiria Chandler, integrante de la subcomisión que hizo la investigación.

Los albergues en Panamá están administrados por ONG y fundaciones pero están bajo la supervisión del Estado a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), que en su junta directiva tiene a las carteras de Desarrollo Social, Salud, Educación, Trabajo, Economía y la Controlaría, y en muchos casos se les otorga fondos públicos.

No se sabe con certeza el número de albergues que actualmente están operado en Panamá. La página web del Senniaf eliminó la lista de estos y la información está siendo modificada porque “hay albergues que se están cerrando”, dijo a Efe un funcionario de la institución.

En un comunicado el pasado 16 de febrero, la Senniaf indicó que eran “50 los albergues que existen en el país” con una población de “alrededor de 1.200” menores , que “40 reciben subsidio del Estado a través del Ministerio de Desarrollo Social (Mides)”, y que “solo uno es manejado a un 100 por ciento por el Estado” y está ubicado en el distrito de Soná, provincia de Veraguas.
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LAS INVESTIGACIONES DE LA FISCALÍA
La Fiscalía anunció el pasado 12 de febrero el inicio de una “investigación de oficio” por las publicaciones en medios de los datos del documento parlamentario y solicitó informes a la Senniaf, al Mides y al Parlamento.

El pasado 15 de febrero, las diputadas de la subcomisión parlamentaria presentaron su informe en la Fiscalía con la respectiva denuncia, la cual lo incorporó a la investigación abierta de oficio días antes, explicó la fuente judicial a Efe. 

“Se inicia una investigación de oficio que implica una serie de diligencias que van más allá de lo que contiene el informe, el cual es origen de la denuncia (…) cuando las diputadas entregan el documento, las investigaciones que se hacen lo toman en cuenta. Es una investigación abierta”, añadió.

Actualmente hay abiertos ocho procesos por el tema de los albergues a nivel nacional, tres de ellos correspondientes a casos del área metropolitana.

Hasta el momento, se desconoce si las autoridades han aplicado alguna medida urgente para proteger a las víctimas, dijo a Efe la diputada suplente Chandler.
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CONTINUAS PROTESTAS EXIGEN CÁRCEL PARA RESPONSABLES
Estos hechos han levantado protestas contra la Senniaf y el Mides al ser vistas como principales responsables, e incluso contra el presidente Laurentino Cortizo, muy criticado por sectores políticos y sociales por su “tardía” e “insuficiente” reacción. 

Una semana después de presentado el informe parlamentario, Cortizo hizo unas escuetas declaraciones grabadas y televisadas exigiendo máximo castigo para los responsables, e instruyó al Senniaf y al Mides a construirse como querellantes en el proceso judicial, una decisión que ha incrementado la indignación social. 
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