Hay desidia en exigencias del sistema penitenciario

Hacinamiento, estructuras inadecuadas y poco interés en invertir en construcción y adecuación de centros penitenciarios, para la rehabilitación de los privados de libertad es lo que se vive en Panamá.
La población penitenciaria de esta nación centroamericana es de 19,642, a pesar de que los 23 centros existentes tienen una capacidad para 14,591 personas, es decir hay una sobrepoblación de 5,051.
La mayor parte de estas cárceles, más que ser centros de rehabilitación, se convierten en una escuela de crimen en vez de resocializar al individuo que transgrede las leyes y permitirle reinsertarse en la sociedad.
Y es que la cifra de privados de libertad conforme pasan los años va en aumento y las estructuras se quedan chicas, a tal grado que para diciembre de 2020 era 17,967 y un año y mes después ha crecido en unas 2 mil personas más.
Si bien el problema no es nuevo, a los expertos lo que les preocupa es que pasan los años y no se toman los correctivos necesarios para adecuar los centros y cada vez hay más privados de libertad en Panamá.
El presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), Juan Carlos Arauz, describe con una sola palabra esta situación, desidia.
“Hay desidia de afrontar los complejos temas que indica atender las exigencias de un sistema penitenciario que requiere nuevas infraestructuras, requiere recurso humano, atención, políticas públicas definidas”, destaca el jurista.
Considera que todo ello guarda relación, también, con que cada gobierno que llega los recursos existentes tiene que priorizarlos en lo visible y desatiende que hay segmentos no visibles que tienen exigencias que un momento determinado se convierten en una problemática.
El abogado le recuerda a las autoridades que la población penitenciaria guarda relación con la reputación del país, en cuanto a una nación violadora de los derechos humanos.
Reconoce que recientemente el Ministerio de Gobierno ha convocado a la instalación de Consejo de Políticas Penitenciarias, como una fórmula de diálogo integral en todos los actores de la sociedad. “Es un paso importante, creo que vale la pena felicitar al Ministerio de Gobierno por la iniciativa para poder crear políticas públicas de Estado que atiendan este fenómeno, pero es una acumulación de décadas de olvido a un tema que atiende directamente a la naturaleza del ser humano y a preservar la dignidad de los mismos”.
Plantea Juan Carlos Arauz que el problema con el sistema penitenciario es un tema que siempre va a estar allí “aunque no sea atienda de una manera directa a gritos el sistema penitenciario reclama mejores días”.
“En la medida que la infraestructura que mantiene a los privados de libertad sea poco digna, está el problema que tiene los desafíos de cumplir las otras exigencias para que los privados de libertad se resocialicen, como los planes y programas, pero si usted no tiene una infraestructura adecuada usted también va a limitar esas posibilidades de planes y programas porque hay que atender el tema de seguridad”.
Recordó que el propio presidente Laurentino Cortizo cuando se dieron los hechos en La Joyita, que dejó más de una docena de muertos, reconoció que el sistema penitenciario está podrido.
A juicio del máximo dirigente de los abogados, al reconocer el problema y no tomar las decisiones que solucionen esta situación se están convirtiendo las cárceles panameñas en centros de depósitos de seres humanos en donde la indiferencia es el patrón reinante y hace que obviamente se conviertan en esos submundos en donde las teorías y los conceptos de lo correcto no es lo que se aplica sino que así se atienden realidades en la inmediatez.
A este tema, según Juan Carlos Arauz no se le ha dado la prioridad que requiere y se ha volteado la mirada hacia otro lado.
En ese mismo sentido, el sociólogo Gilberto Toro plantea que los gobiernos no han querido hacer la inversión que se requiere en el sistema penitenciario, porque temen ser blanco de críticas por parte de la sociedad en cuanto a que no se deben gastar fondos en los privados de libertad.
“El sistema se encuentra en una encrucijada si lo hace o no lo hace, si invierte o no invierte, pero hemos visto que no se invierte o se invierte muy poco y no podemos esperar que con una mínima inversión se logre trabajar lo que es un cambio de conducta o un proceso de resocialización en un sujeto que en algún momento de su vida se saltó etapas de su vida del desarrollo normal, no se cumplió con todo lo que es normal de cumplir con las necesidades básicas ya sea por razones económicas, psiquiátricas, sociales, políticas, estuvo en un suceso que lo llevó a perder la libertad”, indica Toro.
Entonces no podemos esperar que solo con ver cuánto se invierte qué se está haciendo, que tipo de técnicos especializados están trabajando con estos privados y la cantidad profesionales disponibles logremos entonces que ese proceso llamado resocialización se cumpla.
El sociólogo cree que ha habido centros que sí llegaron o llegan en su momento a captar a una población que entiende que necesita un cambio en sus vidas, pero ello no se da por la estructura o lo que se hace allí, sino a que el propio privado de libertad en su convencimiento pone de su parte.
Gilberto Toro considera que al mismo sistema en si le cuesta mucho trabajo, porque solo con ver la misma instalación se descubre que es difícil.
“Nadamás hay que ver la instalación y se puede decir nadie se transforma, nadie logra socializarse muy poca gente lo logra porque es un tema que la sociedad no le gusta tratar.