En Panamá los migrantes irregulares varados en albergues cerca de la frontera con Colombia, así como población carcelaria están en “alto riesgo” de contagiarse de la COVID-19 debido a condiciones “insalubres y hacinamiento”, dijo el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco.

En un artículo publicado este jueves en el rotativo panameño La Prensa, Vivanco instó a Panamá a cumplir la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) dictada el pasado mayo para asegurar servicios de salud a los migrantes que llegaron al país centroamericano en su travesía hacia el norte del continente.

“Si Panamá quiere contener la propagación de la COVID-19 en los centros de detención y en la comunidad en general, debe cumplir urgentemente con esta sentencia”, afirmó el activista.

Vivanco recordó que la CorteIDH ordenó a Panamá “asegurar que los migrantes tuvieran acceso inmediato a servicios de salud esenciales”, ya que se hacinados en un albergue de Darién, provincia panameña fronteriza con Colombia.

El Darién es la peligrosa frontera natural entre Colombia y Panamá y por allí han transitado en los últimos años decenas de miles de migrantes procedentes de todo el mundo que se dirigen hacia Norteamérica, causando crisis humanitarias periódicas en el istmo.
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Miles de migrantes en la frontera 

El cierre de las fronteras por la pandemia frenó la llegada de los migrantes irregulares, pero desbordó el programa de atención conocido como flujo controlado, ya que dejó varados a los más de 2.500 que se encontraban en el país centroamericano.

Solo en La Peñita hay “1.694 migrantes, un número siete veces mayor a la capacidad máxima de ese centro”, citó Vivanco en su escrito.

Las autoridades reportaron a mediados de mayo que 43 de los 1.993 migrantes varados en Darién habían dado positivo por la COVID-19, mientras que el pasado 2 de junio indicaron que solo 15 seguían enfermos y sostuvieron que mantienen presencia allí para dar atención sanitaria y alimentación a los extranjeros.

Por su parte, el sistema penitenciario de Panamá reportó el pasado 9 de junio que 702 presos dieron positivo por la COVID-19, de los que 501 se han recuperado y uno falleció.

“Resulta igualmente preocupante la sobrepoblación en las cárceles panameñas. Panamá tiene una población carcelaria de cerca de 17.800 internos”, comentó Vivanco.

El director apunta que en la cárcel de Santiago en Veraguas (oeste) “a 313 de los 500 detenidos les dio positivo el test de coronavirus” y que dicho centro “tiene capacidad para un máximo de 150 internos – esto es, para menos de un tercio del total de presos”.

“Panamá debe priorizar la liberación de quienes se encuentran en prisión preventiva, sobre todo aquellos acusados de cometer delitos de baja gravedad o no violentos, quienes están próximos a cumplir la totalidad de la pena y quienes estén expuestos a un mayor riesgo de enfermedad grave como resultado de la COVID-19”, apuntó.
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Reducir el hacinamiento

Las autoridades “deben incluir a todos los detenidos, refugiados y migrantes en la respuesta nacional a la COVID-19, lo cual incluye el acceso a medidas de prevención, detección y tratamiento”.

Recordó que organismo como Naciones Unidas instaron “nivel global a reducir el hacinamiento para contener la propagación de la COVID-19, brindar atención de la salud adecuada y establecer protocolos de prevención”.

Vivanco insistió en que reducir la sobrepoblación “es un paso crucial” para evitar el contagio en cárceles y albergues, que además podría afectar al resto del país: “Panamá no tiene tiempo para perder”. 
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