La pandemia detuvo al país el año pasado y prueba de eso fue la disminución de los accidentes de tránsito en 47% (22,612), en comparación con 2019, cuando se registraron 42,512.
A su vez, de 1 millón 21 mil 410 infracciones al reglamento de tránsito, hace dos años, en 2020 solo se cometieron 603,474.
Aún así, en las carreteras se castigó un promedio de 1,648 infracciones por día, de las que 44 fueron por usar teléfono celular al conducir y embriaguez comprobada.
En esta semana, fue aprobado en la Asamblea Nacional, el proyecto 206 que aumenta las penas para aquellos que provoquen accidentes fatales, ya sea porque estaban chateando, se encontraban en estado de embriaguez o participaban en las conocidas regatas.
Y, si bien es cierto que la cuarentena ocasionó que disminuyera el tráfico vehicular y, por consiguiente, los accidentes e infracciones, la tendencia de estas conductas inapropiadas es que iban en aumento.
Por ejemplo, de 11,031 boletas colocadas por chatear al conducir en 2017, pasaron a 13,326 en 2018 y 15,824 en 2019.
Mientras, por embriaguez se colocaron 5,585 multas en 2017 y, un año después subieron a 8,992, manteniéndose el crecimiento en 2019, con 12,437 infracciones cometidas.
El proyecto, que nació de una iniciativa ciudadana en mayo de 2018 y fue retomado por el diputado Luis Ernesto Carles en septiembre de 2019, lo que hace es incorporar una nueva figura dentro de la comisión de homicidio para que aquel que, previendo razonablemente, que pueda causar un accidente de tránsito y resulta la muerte de otro, sea sancionado con prisión de 8 a 15 años.
A su vez, aumenta la sentencia para los encausados por homicidio culposo, que antes llegaba a un máximo de 5 años de prisión, y ahora podría alcanzar hasta 12 años.
El diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Crispiano Adames, aclaró que en el proyecto se diferenció lo que es una relación culposa de una relación dolosa, en materia de hechos de tránsito.
“Espero que el Gobierno con sus asesores, que se ha caracterizado por vetar de manera persistente proyectos de ley, entienda la motivación de este, que hoy ha sido muy difícil de conciliar”, detalló.
Para Osiris Gratacós de Alvarado, de la Fundación Educación Vial, se ameritaba que se aumentaran las penas como medida disuasiva para quienes insisten en estas malas prácticas.
Por otra parte, considera que se debe tener profesionales idóneos que lideren las instituciones que tienen que ver con la seguridad vial y no como ahora que es visto con otros fines.