La jueza de garantías, Elkis Martínez avaló los “exabruptos jurídicos” cometidos por el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jerónimo Mejía, en el caso de los supuestos pinchazos telefónicos y no aplicó la prescripción del proceso seguido al expresidente Ricardo Martinelli.
Martínez dio por válido los argumentos planteados por Mejía, “quien desconociendo el Derecho Penal”, avaló la presentación de la querella contra Martinelli como su imputación, una violación al debido proceso y las garantías fundamentales que nunca se había dado en Panamá.
Producto de esto, la jueza manifestó que los términos legales para el expresidente empezaron a correr en junio de 2015, cuando en realidad fue en mayo de 2014, lo que hizo que solo se le contabilizaran seis meses, cuando en realidad son 19, según ha indicado la defensa.
Con la decisión tomada por la jueza de garantías, el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial de Panamá no tendrá más camino que declarar la prescripción del caso seguido a Ricardo Martinelli Berrocal.
Hay que destacar que durante la audiencia, la jueza no permitió argumentación de las partes y se limitó a escuchar los mismos planteamientos que se hicieron en la audiencia del pasado 18 de mayo y en base a eso tomó su decisión de no aceptar la prescripción de la acción penal dentro de este proceso.
Además de esto, la funcionaria judicial indicó que ella, a pesar del planteamiento hecho por el Tribunal de Apelaciones el pasado 26 de mayo, tomaría su decisión en base a su propio criterio, el cual era la supuesta falta de argumentación por parte de la defensa del exgobernante.
El abogado Carlos Carrillo, coordinador de la defensa de Martinelli, indicó que la decisión de la jueza se dio como si el exgobernante hubiese sido imputado antes de ser juzgado, lo cual es un error.
“La discusión siempre ha girado en que el expresidente Ricardo Martinelli Berrocal es el único panameño que, sin ser imputado, ha sido llevado a juicio, no existe la imputación y eso ya ha sido superado, no obstante, la jueza ha hecho un cálculo en base de que sí había imputación y eso es un error”, argumentó el jurista.
A consideración de la defensa del exgobernante, los dos presuntos delitos (interceptación telefónica y seguimiento ilegal), por los cuales se pretende llevarlo a juicio nuevamente, ya están prescritos.
Carrillo añadió que el hecho de ser un caso que se hizo “bajo situaciones fuera de la ley”, permitió que Ricardo Martinelli fuera la única persona en Panamá llamada a juicio sin haber sido imputada de cargos.
“Todo el modelo de gestión del Sistema Penal Acusatorio está sufriendo un colapso por tratar de mantener un juicio a una persona, independientemente de otras defensas, lo básico es que nunca fue llamado a una audiencia por un fiscal para imputarlo frente a un juez de garantías y en donde el Tribunal de Juicio quiso convertirse en Tribunal de Imputación o juez de imputación”, explicó.
Por su parte, el expresidente Martinelli indicó que es el único panameño al cual se le aplica la “aberración” de que una mera querella, es la imputación de cargos de una persona.
“La admisión de una querella equivale a una imputación. Soy el único individuo en más de 100,000 casos que se le aplica esa aberración. A Ricardo Martinelli se le aplica la ley Mejía. Ya ven ustedes como se abusa”, indicó.
“En qué artículo constitucional, judicial o procesal penal, se establece que el solo hecho de la admisión de la querella en procesos especiales se da por acreditada la imputación, en todos los casos especiales la Corte Suprema ha respetado la imputación como tal”, sentenció el exgobernante panameño.
Martinelli también cuestionó la imparcialidad de la jueza Martínez.
“Elkis Martínez Agrazal, juez de garantías. Como todo es político no aceptaron recusacion y la hija de un enemigo mío, el exdiputado Juvenal Martínez de Aguadulce, electo por Cambio Democrático en 2004 saltó al PRD y lo expulsamos del partido. Su hermana es directora médica del hospital de Aguadulce”, dijo el exmandatario.
En tanto, el jurista Sidney Sitton, dijo “si una juez dice que la admisión de una querella es la imputación; podemos decir que los hechos jurídicamente relevantes pueden conocerse por el procesado al final del caso, cuando se dicta sentencia.