La Prensa y Ernesto Peérez Balladares tendrán hoy sendas conferencias de prensa para explicar sus posiciones frente al secuestro por la cuantía de hasta un millón 130 mil dólares, como parte de una demanda civil del exmandatario presentada hace ocho años por presuntos daños y perjuicios, tras publicaciones realizadas por ese diario en el año 2011.

“Estoy defendiendo mis derechos que considero fueron violados y ejerciendo mi derecho constitucional de acudir a los tribunales a interponer las acciones y secuestro que la ley pone a nuestro alcance. La Prensa no puede alegar derechos y desconocer los derechos ajenos”, tuiteó Pérez Balladares.

El exmandatario explicó que La Prensa bien puede consignar en el tribunal la suma por la que se decretó el secuestro, que no coarta de ninguna manera el ejercicio de la libre actividad periodística a la que tiene derecho el mencionado medio y ni la libertad de prensa en el país.

El Consejo Nacional de Periodismo (CNP) alega que la decisión del Juzgado XV Civil de disponer el secuestro, es señal de un “Estado fallido” al impedir la operatividad de dos diarios y dificultar el pago del personal.

Alegan que es una decisión judicial sin precedentes y un ataque a la libertad de expresión y al derecho a la información. Además hacen un llamado al mandatario Laurentino Cortizo para que se pronuncie. El CNP anuncia acciones nacionales e internacionales para salvaguardar la libertad de expresión.

El secuestro fue dispuesto el 22 de junio. La demanda civil es por una cuantía total de $5.5 millones.

La demanda surgió luego que publicaciones de La Prensa destacaban que una sociedad de “El Toro” mantenía depósitos por casi $176 millones en una cuenta depositada en el Banistmo International de Bahamas, sin embargo, la realidad es que esa suma correspondía a una cuenta madre de todos los cuentahabientes del citado establecimiento bancario. La sociedad atribuida al exgobernante reportaba un saldo de $175 mil.

Pérez Balladares alegó que La Prensa hizo alusión directa y sin fundamento de que estaba involucrado en un caso de blanqueo de capitales y no tuvo la disposición de retractarse.

El CONAPE dijo que se solidarizaba con los colegas periodistas y reporteros gráficos de La Prensa frente a la situación de inestabilidad laboral que enfrentan debido a la acción de secuestro.

Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, alegó que el secuestro sin sentencia aún, es una medida desproporcionada con impacto en la libertad de prensa.

La diputada Zulay Rodríguez sostuvo que “La Prensa por muchos años ha difamado y calumniado a medio Panamá. Ellos se creían impunes, pero ahora tendrán que responder por sus abusos, porque lo de ellos no era libertad de expresión, era libertinaje y persecución”.