Por: Redacción web – Lunes 14 de octubre de 2024 04:30 PM

La Ley 242, aprobada en 2021, establece un marco regulatorio para el uso del cannabis medicinal en Panamá, lo que representa una esperanza para miles de pacientes con enfermedades crónicas que dependen de tratamientos efectivos. Esta ley garantiza el derecho de los pacientes a acceder a tratamientos, pero los retrasos por falta de voluntad política en la administración pasada los han dejado en vulnerabilidad, obligándolos a recurrir a mercados no regulados, poniendo en riesgo su salud.

Esta situación es el resultado de la inacción política de la administración pasada, que dejó en el limbo a los pacientes más vulnerables, quienes hoy exigen una respuesta clara por parte del gobierno actual. La administración del presidente José Raúl Mulino tiene ahora en sus manos la oportunidad de corregir estos errores. La emisión de licencias para empresas que ya han invertido en infraestructura y capacitación garantizaría el acceso a tratamientos seguros, tal como lo establece la ley.

En su reciente discurso ante las Naciones Unidas, el Presidente reafirmó su compromiso con la atracción de inversiones extranjeras y la seguridad jurídica. Este mensaje debe ir de la mano con la implementación de políticas que beneficien a los ciudadanos, como la emisión de licencias para cannabis medicinal, lo que no solo fortalecería el sector salud, sino también el marco jurídico prometido.

Los pacientes, que viven día a día con dolor e incertidumbre, necesitan que las promesas de protección se traduzcan en hechos. Durante demasiado tiempo, la falta de acción ha dejado a estas personas en una situación de vulnerabilidad, obligándolos a recurrir a productos no regulados que ponen en riesgo su salud. Confían en que el gobierno actuará para brindarles una solución.

La Ley 242 no solo regula la producción y distribución del cannabis medicinal, sino que también establece el derecho de los pacientes a estos tratamientos. Sin embargo, los retrasos en su implementación han generado una brecha entre la ley y la realidad que viven los pacientes. Las empresas han cumplido con las normativas, pero la falta de acción mantiene a los pacientes buscando productos en mercados no regulados, lo que es peligroso e innecesario.

Es esencial que las promesas de proteger a los más vulnerables se traduzcan en acciones concretas. Los pacientes crónicos que dependen del cannabis medicinal merecen ver sus derechos hechos realidad.

Expertos en salud destacan la urgencia de implementar un sistema regulado que ofrezca tratamientos seguros. Las empresas están listas para operar bajo estándares internacionales, pero sin las licencias, los pacientes seguirán expuestos a mercados no regulados.

El gobierno tiene la oportunidad de demostrar su compromiso con los más vulnerables. Los recursos, las leyes y la infraestructura ya están listos; solo falta la voluntad política. Actuar ahora fortalecería tanto el acceso a tratamientos como la confianza en las instituciones.

Como dijo el Presidente en su discurso en Harvard, “Panamá avanza hacia un futuro donde la inversión y los derechos de los ciudadanos están protegidos por un marco jurídico sólido y transparente”. Este es el momento de convertir esa visión en realidad.

Los pacientes de Panamá merecen una solución, y el gobierno tiene la capacidad de dársela.