Los datos presentados recientemente por el nuevo contralor no dejan de preocuparme: los dividendos que las empresas eléctricas entregan al Estado han caído un 27% en menos de una década. Pasamos de recibir 118 millones de dólares en 2015 a apenas 83 millones en 2024. No solo estamos sufriendo los efectos de un sistema eléctrico carísimo lleno de apagones y deficiencias, sino que además, el país está recibiendo menos ingresos de un sector que debería generar estabilidad económica.
Es importante señalar que esta caída en los dividendos no es solo una cifra en papel, sino que tiene un impacto real en los servicios y proyectos que el gobierno puede financiar. Menos dinero significa menos capacidad para invertir en infraestructura, educación o salud. Y lo más preocupante es que, mientras los ingresos bajan, los problemas en el servicio eléctrico siguen aumentando. Los apagones prolongados en diferentes zonas del país cada vez son más recurrentes. El costo de la electricidad no baja, y la calidad del servicio claramente no mejora.
¿Qué está fallando en la supervisión y regulación de estas empresas? ¿Qué medidas estamos tomando para exigir mejores resultados y garantizar que el Estado reciba lo que le corresponde? El problema no es solo económico, es de eficiencia y responsabilidad. Las empresas eléctricas tienen la obligación de ofrecer un servicio de calidad, y el gobierno tiene la obligación de asegurarse de que lo hagan.
En este punto, no es suficiente pedir que bajen las tarifas o que mejoren el servicio. Es hora de analizar seriamente el marco regulatorio que gobierna a estas empresas. ¿Qué tan eficientes son los contratos actuales? ¿Qué mecanismos de sanción existen para las fallas repetitivas en el suministro de energía? Debemos empezar a hacernos estas preguntas y actuar en consecuencia, porque de lo contrario, seguirán ocurriendo los mismos problemas cada vez más seguido, y nosotros somos los que continuaremos pagando las consecuencias.
Es importante que la Asamblea Nacional, junto con los organismos reguladores, revisen los contratos actuales de concesión para las empresas eléctricas. Debemos establecer cláusulas más estrictas y sanciones contundentes para quienes no cumplan con los estándares mínimos de calidad. Los ciudadanos también podemos alzar la voz, exigiendo que se respeten nuestros derechos y que las tarifas reflejen un servicio de calidad.
La electricidad no es un lujo, es una necesidad que debe estar al alcance de todos y con los estándares que merecemos, y el Estado debe ser capaz de asegurar que su gestión sea justa y eficiente. Es hora de que las autoridades tomen cartas en el asunto y junto las empresas eléctricas, se sienten en la mesa y prioricen el bienestar del país, es incongruente seguir pagando un alto precio por un servicio deficiente. No podemos permitirnos seguir aceptando menos de lo que nos corresponde.