La mesa conjunta entre el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social (CSS) cerró el ciclo de contrataciones directas que ejecutó entre 2020 y 2021 con la excusa del estado de emergencia por la pandemia de Covid-19.
Pero antes de cerrar el manejo de estas millonarias contrataciones a discreción de una mesa técnica, volvió a contratar por más de 9 millones de dólares a la polémica empresa Jers Medical para el suministro de pruebas de hisopados.
La misma empresa señalada en el caso de las pruebas Covid-19 y su alto costo.
El 19 de octubre del año pasado fue la última contratación que ejecutó la cuestionada mesa conjunta Minsa-CSS, y nuevamente la empresa contratada no fue la que presentó la oferta más baja.
Incluso en uno de los renglones la diferencia de la oferta elegida fue más de 11 dólares más alta.
En esta compra se ejecutaron 3 renglones, siendo el principal adjudicada a Jers Medical por 9,1 millones de dólares para 450 mil pruebas de antígeno (hisopado) de lectura automatizada.
Pero Jers Medical ofertó a 20.40 dólares cada prueba, frente a su competidor Mirero Corp que ofertó 8.95 dólares. De este total de pruebas, 300 mil fueron adquiridas por el Ministerio de Salud y 150 mil por la CSS.
Jers Medical también fue beneficiada con la compra del renglón 2 de 100 mil pruebas de antígeno (hisopado) de lectura visual a un precio de 6.75 dólares por unidad. En total la compra fue por 675 mil dólares.
Pero en este renglón también se dieron ofertas más económicas que no fueron elegidas, Mirero Corp ofertó 4.95 dólares por prueba y el consorcio Alcamed 9.95 dólares por prueba.
El consorcio Alcamed recibió el contrato del primer renglón de la compra para 100 mil pruebas de antígeno de lectura visual bajo el método nasofaríngeno por 895 mil dólares; es decir, 8.95 dólares por cada prueba, siendo la propuesta más alta.
En este renglón, Bio Lab Internacional ofertó 8.75 dólares por prueba, Corporación Impa Doel 6.49 dólares, y Mirero Corp. 4.49 dólares por prueba.
Jers Medical es la misma empresa a la que el Gobierno de Panamá compró más de 29 millones dólares en las llamadas pruebas Sofia que se aplicaban de forma obligatoria en el aeropuerto de Tocumen una vez se reabrieron los vuelos comerciales.
A principios de este año, la diputada Zulay Rodríguez denunció que esta empresa había obtenido ganancias por 40 millones de dólares vendiéndole pruebas Covid al gobierno, e incluso denuncia supuestos sobreprecios, que luego Jers Medical negó.
Rodríguez también denunció en ese entonces que varias figuras que registran como propietarios de la empresa tendrían vínculos con el gobierno actual.