Ciudad de Panamá/En una conferencia de prensa, el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, reveló los resultados de la ‘Operación Caribe Verde III’, una importante operación en contra de la minería ilegal que se llevó a cabo en el Parque Nacional Chagres. En el operativo, las autoridades desmantelaron 22 campamentos ilegales y confiscando varios equipos y materiales vinculados a la extracción ilegal de oro. La operación también destapó una red criminal relacionada con el lavado de dinero a través de actividades mineras ilícitas.

“En total, logramos tener 22 campamentos desmantelados, 15 motobombas incautadas, 1 planta eléctrica confiscada, oro y combustible hallados en el sitio y también pesas digitales”, explicó Fernández.

Además, destacó que los ríos Culebra y Cuango, que atraviesan el Parque Nacional Chagres, se estaban viendo gravemente afectados por la minería ilegal, lo que representa una amenaza significativa para los ecosistemas acuáticos y la biodiversidad local.

La operación fue el resultado de un esfuerzo conjunto entre la Policía Nacional, el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) y otras autoridades, y se realizó con el fin de proteger una de las principales fuentes de agua del país.

“Seguimos reforzando la seguridad de las áreas naturales protegidas y de los parques nacionales para garantizar su integridad. Esto no es mero capricho; los parques nacionales de la cuenca del Canal garantizan el agua potable de Panamá, San Miguelito y Colón, y no solamente eso, sino que garantizan el agua del canal”, afirmó el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro.

Además del daño ambiental que causa la minería ilegal, las autoridades alertaron sobre los riesgos asociados con el uso de sustancias tóxicas como el cianuro y el mercurio, que son comúnmente empleadas en los procesos ilegales de extracción de oro. Estas sustancias pueden contaminar ríos y fuentes de agua, afectando gravemente tanto a la fauna acuática como a las comunidades cercanas.

Fernández también destacó que las investigaciones continúan en el Ministerio Público, que se encargará de procesar legalmente a los detenidos durante la operación.

La minería ilegal en la región no solo representa una amenaza ambiental, sino que también está vinculada a otros delitos graves, como el tráfico de drogas, el lavado de dinero y el tráfico de personas. Los campamentos desmantelados, según las autoridades, servían no solo para la extracción de oro, sino también como centros logísticos para bandas criminales.

Con información de Yenny Caballero.