A parte de la falta de transparencia y rendición de cuentas, la canciller Erika Mouynes habría cometido peculado, que debería ser investigado por el Ministerio Público.
Tras confirmarse que la Embajada de Panamá en China Popular fue la que desembolsó el pago de los 350 mil dólares, para el alquiler del vuelo chárter durante la gira realizada por la canciller, Erika Mouynes, a Asia, diversos sectores exigen una investigación seria y mayor rendición de cuentas por funcionarios del actual gobierno.
Para el catedrático y abogado Miguel Antonio Bernal llama la atención, el silencio de la Contraloría y de otros organismos como el Tribunal de Cuentas y el Ministerio de Economía y Finanzas.
“Aquí hay complicidad en el acto delictivo que ha perpetrado la ministra de Relaciones Exteriores. En el momento que usted hace uso de los dineros del Estado, de la manera como ella lo ha hecho, eso se llama peculado, si cada vez uno de los ministros que vuela se le antoja irse en un avión chárter privado para llegar a tiempo a su destino, ¿a dónde vamos a parar?”, dijo.
Destacó que: “El Ministerio Público está obligado a iniciar una investigación de inmediato, no lo hace y no lo van hacer, el Tribunal de Cuentas, la Contraloría, el propio Ejecutivo, Ministerio de la Presidencia, deben decir quién autorizó ese gasto y por qué?”.
Agregó que hay de parte de este gobierno, que él califica de “una empresa criminal conjunta y una abierta confabulación para seguir apropiándose, para su uso particular de los fondos del Estado”.
Para el abogado internacionalista, Luis Fuentes Montenegro, debe existir un compromiso de los funcionarios cuando son partes en el consumo del presupuesto del Estado.
“¿Qué quiere decir esto?, que los viajes al exterior o los gastos que realicen por cuestión de cualquier función pública constituyen fondos que deben ser bien administrados y por tanto deben ser bien informados sobre qué y por qué se han utilizado, ese es un principio básico que está establecido en la Constitución”, indica Fuentes.
Considera que mientras menos explicaciones y aclaraciones se den se crea más suspicacias, generando sospecha en contra del funcionario a cargo.
“Si un funcionario en el ejercicio de sus funciones incurre en gastos justificados o no, pero frente a la pregunta que se le realicen sobre dichos gastos prefiere guardar silencio o no dar explicaciones debidas de la sociedad, entonces genera expectativa, genera especulación, una suspicacia sobre el por qué no puede hablar o explicar sobre dichos gastos y eso no solo perjudica a la sociedad ha en su contra”, señala.
En tanto el abogado, Pedro Sittón, la canciller sigue sin salir a la palestra pública a explicar ¿por qué tuvo que contratar un vuelo chárter por 350 mil dólares en su última gira a Asia?
“Es más si no hubiese sido por medios de Epasa pocos nos hubiéramos enterado de que esa suma del erario público fue pagada con fondos de nuestra embajada de Panamá en China, como vemos aquí hay un menosprecio total ante transparencia en la rendición de cuentas y al pueblo panameño”, recalca.