Pese a las múltiples quejas y denuncias que han sido sustentadas en contra de algunos fiscales, por ilegalidades cometidas, el Ministerio Público (MP), bajo el mando del procurador encargado, Javier Caraballo, los sigue manteniendo al frente de casos sensitivos.
Desde hace algunos años, hacia acá, un grupo de fiscales del MP, nombrados en la administración de la exprocuradora, Kenia Porcell, ha estado en el ojo de la tormenta por una serie de ilegalidades cometidas, sobre todo en casos considerados de alto perfil.
Diversos abogados del país, han denunciado algunas irregularidades cometidas por este grupo de fiscales, entre las que están, inventar testigos protegidos, crear informes policiales con “fuentes anónimas”, así como armar casos desde el Consejo de Seguridad Nacional (CSN).
Sumado a estas irregularidades, también son señalados de presionar a testigos, realizar conferencias, violando la presunción de inocencia de algunas personas, dilatan audiencias, haciendo solicitudes para que sean elevados a “causa compleja” y manteniendo detenciones “arbitrarias”.
Algunas de estas irregularidades cometidas han sido dejadas en evidencias en algunos casos que han sido llevados a los estrados, como el denominado pinchazos, en donde el exmandatario, Ricardo Martinelli, fue declarado dos veces no culpable por seis jueces.
En este proceso, el exgobernante fue juzgado gracias a unas declaraciones del testigo protegido, Ismael Pittí, un cabo de la Policía Nacional (PN), al cual después de inculpar a Martinelli, fue nombrado en un cargo diplomático en Estados Unidos, cargo en el que ha devengado más de un millón de dólares en salario, desde el 2014.
Otro caso fue el del testigo protegido “Euro 14”, quien confesó recibir presiones de exfuncionarios del Gobierno de Juan Carlos Varela, cuando acudía a rendir declaraciones en la Fiscalía Especial Anticorrupción, por un proceso relacionado con e Programa de Ayuda Nacional (PAN).
Frente a estos dos ejemplos y otros, Alfredo Vallarino, presidente de la Asociación Panameña de Abogados Penalistas (APAP), indicó que no solo es lamentable que los testigos estén mintiendo, sino que hay serios indicios de que desde el MP se les está avalando y en algunos casos hasta auspiciando.
“Un ejemplo claro, es el caso del testigo Ismael Pittí, al cual se le pagó un millón de dólares, auspiciado desde el Consejo de Seguridad y todavía no hay responsabilidad, pese a que los jueces dijeron que mintió y que los fiscales vieron en la cara de ellos que este señor admitió haber mentido en tres declaraciones distintas”, manifestó.
De forma clara, el jurista señaló que cuando un fiscal no procesa a una persona, pese a ese nivel de evidencias claras frente a sus caras, específicamente siete fiscales, es un claro ejemplo de que el MP tiene sus manos embarradas en esto.
Vallarino también se refirió a los testigos protegidos que son avalados por la Policía, algo que no está dentro de sus funciones.
“Un fiscal puede designar a un testigo protegido, pero un policía no puede decir que tiene fuentes anónimas, de entero crédito y no revelarlas, porque es algo que va contra el derecho de defensa. Aquí en Panamá se están dando detenciones permitidas por jueces y magistrados, donde la única vinculación que tienen es que un policía dijo que tuvo una llamada anónima”, sentenció.
Vallarino se refirió al caso de los siete jóvenes asesinados en el “bunker de Colón”, donde gracias a dos informes anónimos de la Policía, se tuvo a un joven detenido por 30 días.