Más de un millar de nicaragüenses que permanecen varados en Panamá viven una situación de “tristeza e incertidumbre” como producto de su situación migratoria y de las condiciones en que se encuentran, denunció este lunes la no gubernamental Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).

“Hay una situación de mucha tristeza, de incertidumbre, estrés, entre los nicaragüenses que permanecen hacinados en centros de albergue. Las autoridades panameñas se sienten más presionadas y, tienen razón, no es un problema de ellos”, dijo el abogado de la CPDH, Pablo Cuevas, en conferencia de prensa.

Aunque un primer grupo de 89 nicaragüenses que estaban varados en Panamá ingresó a Nicaragua el fin de semana, el resto se encuentra en dos centros de albergue en Chiriquí, a la espera de que el Gobierno del presidente Daniel Ortega extienda un nuevo permiso de entrada, según Cuevas.

Datos de las autoridades panameñas indican que unos 1.180 nicaragüenses buscan viajar por tierra hacia su país de origen tras haber perdido sus medios de vida en Panamá, a causa de la pandemia de coronavirus.

De acuerdo con un reporte de la situación de la CPDH, los nicaragüenses varados en Panamá ya “habían vendido lo poco que tenían, muchos de ellos vienen sin dinero, no tenían dónde quedarse, tuvieron que dormir la noche del miércoles (pasado) a la intemperie, bajo lluvia, había una gran cantidad de niños y mujeres embarazadas”.

Luego del acuerdo migratorio alcanzado el jueves entre Nicaragua, Panamá y Costa Rica, para que los nicaragüenses regresaran a su país sin problemas, los varados creyeron que los esperaba un viaje de tres días, sin embargo, la CPDH cree que este podría tardar 20 días, ya que Ortega estableció restricciones de última hora. 
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MODELO Y PREOCUPACIÓN
La restricción fundamental es que Nicaragua únicamente aceptará el ingreso de 100 nicaragüenses cada tres días, y la otra, es que el Gobierno decide a quién deja entrar, según la CPDH.

El Gobierno de Nicaragua ha dicho que dicha disposición obedece a un “modelo ordenado y seguro en estos tiempos de pandemia”.

Cuevas afirmó que dichas disposiciones violan la Constitución de Nicaragua, que permite el libre retorno de sus ciudadanos sin más requisito que demostrar ser nicaragüense.

El secretario ejecutivo de la CPDH, Marcos Carmina, exigió a las autoridades de Nicaragua “que deje de estar violando los derechos humanos y constitucionales de los nicaragüenses, mientras otros países tratan de apoyar a sus ciudadanos, este Gobierno se encarga de ultrajarlos, humillarlos, exponerlos a la intemperie, con la política de no permitir su ingreso”.

La ONG afirmó que cientos de nicaragüenses permanecen varados en Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Gran Caimán, Jamaica, y en embarcaciones en el mar Caribe.

Antes del caso de Panamá, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había denunciado que Ortega había negado la entrada a más de 500 nicaragüenses a su patria, desde que la pandemia fue decretada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La CIDH y la OMS, así como la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Organización de los Estados Americanos (OEA), y la alta comisionada de Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, han reiterado su preocupación por cómo Nicaragua maneja la pandemia. 
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