Eduardo Leblanc, el Ombudsman panameño, manifestó su preocupación por la situación que ocurre en El Salvador y en Colombia.

El pronunciamiento se da luego que los procuradores y defensores de Derechos Humanos del Sur y Centroamérica sostuvieron una reunión para tratar abordar los temas de ambos países.

Para Leblanc, la posible destitución del Procurador de Derechos Humanos de El Salvador, “sería un atentado contra los propios derechos y contra aquellas instituciones que son llamadas a garantizar y preservar los mismos”.

“Nosotros como Defensoría del Pueblo de Panamá vemos con mucha preocupación lo que sucede en El Salvador ya que en su propia historia está marcada la violación de derechos humanos y asesinatos a miembros activos en la defensa de estos derechos como los Jesuitas, en aquel noviembre sangriento así como lo ocurrido al Monseñor Héctor Romero”, sostuvo Leblanc.

Respecto a la situación en Colombia, indicó que “la Defensoría panameña se solidariza con su contraparte y se le hace un llamado respetuoso tanto a la paz como a la tranquilidad” de modo que “los colombianos puedan salir a protestar pacíficamente y los miembros del ejército regresen respetuosamente a los cuarteles porque el rol de ellos no es repeler las manifestaciones sino la defensa del territorio”.

El Ombudsman panameño dijo que a través de la RINDHCA, se le pedirá respetuosamente al presidente de Colombia, Iván Duque, el retiro de las tropas armadas y un llamado al pueblo para el respeto a la propiedad privada, sin evitar su derecho a la protesta pacífica.

De esta reunión participaron también los homólogos de Chile, Argentina, Honduras, Perú, El Salvador, Canadá y Guatemala.

En Colombia se han reportado más de una decena de muertos durante las protestas y el paro nacional convocado por sindicatos y organizaciones sociales contra al política económica del Gobierno que busca hacer una reforma tributaria; mientras que en el Salvador, gobernado por Nayib Bukele, se encendieron las alarmas cuando la Asamblea Legislativa destituyó al fiscal general de la República y a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para reemplazarlos por otros.