Mientras las autoridades de universidades privadas solicitaron el veto al proyecto de ley 508, que regula la educación particular, los padres de familia advirtieron que agotarán todos los recursos disponibles si no es sancionado.
“En el hipotético caso que el señor presidente la vetase, tendremos que volver a la Asamblea y en última instancia tendremos que ir hasta la Corte Suprema de Justicia”, dijo Javier Lombardo, dirigente de la Unión Nacional de Padres de Familia de Centros Educativos Particulares (Unadepa).
Para Lombardo, el proyecto de ley no busca solo regular el aspecto económico, sino va en miras de mejorar la calidad de educación en estas escuelas.
“Se trata de seguridad jurídica no solamente para los dueños de escuelas, sino para los padres de familia, las reglas claras a la hora de contratar un servicio educativo”, expresó.
Los padres de familia entregaron una nota al presidente Laurentino Cortizo, el pasado miércoles, para que sancione el proyecto.
No obstante, para los rectores de universidades particulares el proyecto 508 debe ser vetado por inconveniente e inexequible.
En el día de ayer, fueron a la Presidencia de la República a entregar una carta en la que sustentan los motivos por los que consideran que debe ser vetada la propuesta legislativa.
Según los directivos de estos centros superiores, la pandemia, de igual forma, los ha afectado, al punto de suspender contratos a personal administrativo, por lo que medidas como estas podrían obligarlos a cerrar carreras.
En diferentes foros han solicitado la colaboración del Estado mediante becas, apoyos económicos o préstamos que se le puedan brindar a estudiantes que deseen cursar carreras que ofrecen las universidades particulares.
La posición de los rectores ha sido acuerpada por los principales gremios empresariales (Conep, Apede, Cámara de Comercio), que también exigen al Ejecutivo que la iniciativa no pase, porque aseguran que es inconstitucional y atenta contra la libertad de empresa y la seguridad jurídica.
En este punto, diputados han reaccionado molestos, argumentando que la Carta Magna les permite presentar proyectos como este, en el que se ajustan los costos de los servicios que brindan las escuelas particulares.
“El artículo 87 y 90 de la Constitución establece que el Estado puede intervenir para todo lo que tiene que ver con justicia social y que el interés público debe privar sobre los intereses privados”, esbozó la diputada del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Zulay Rodríguez.
Temporal
Javier Lombardo recordó que los ajustes en los costos de matrícula y anualidades que regula el proyecto de ley 508 es solo temporal hasta que se levante el Estado de Emergencia Nacional.
“Recapaciten. Somos sus clientes de toda la vida, pero este es el momento en que por la lealtad a tus clientes, debes ayudarlos”, reflexionó el padre de familia.