Sobre Yenifer Paredes, que considera a la pareja presidencial como “sus padres”, existe desde el martes una orden de detención preliminar por 10 días por su presunta participación en una red de corrupción y lavado de activos, que según la justicia, estaría dirigida por el presidente peruano.

“Con coraje y valentía, (ella) se encuentra en la fiscalía”, agregó el abogado destacando la decisión de la joven de 26 años. Paredes se presentó en la sede central del Ministerio Público, y luego fue trasladada a una sede policial en Lima.

La inesperada entrega dio un giro rocambolesco a este caso, luego que la justicia allanara por la mañana la casa familiar del presidente en el norte de Perú en busca de su cuñada, tras registrar la víspera sin éxito el propio palacio de gobierno en Lima.

El domicilio de Castillo en Chugur, provincia de Chota, fue registrado sin lograr hallar a la cuñada, indicó temprano a la AFP una fuente policial de ese poblado de la región de Cajamarca, a unos 800 km al norte de la capital.

“Acaban de entrar a mi domicilio”, dijo en Lima durante un acto público el mandatario, un maestro rural y sindicalista de 52 años que llegó al poder hace un año.

Los operativos estrecharon el cerco judicial contra el presidente de izquierda, que afronta junto a su esposa hasta cinco investigaciones fiscales, una situación inédita para un presidente en ejercicio.

La Corte Superior de Justicia había autorizado el martes el requerimiento fiscal para el allanamiento debido a que la cuñada de Castillo señaló hasta tres domicilios en sus documentos de identidad.

Una fuente policial de Chota aseguró a la AFP que el operativo se realizó con fiscales y policías de Lima “para evitar filtraciones” y protestas entre lugareños.

Por este caso Yenifer Paredes ya había sido citada a declarar ante el Ministerio Público y a comparecer ante una comisión de control del Congreso peruano, a mediados de julio.

El operativo en Palacio de Gobierno no tuvo precedentes en la historia peruana, donde jamás la justicia había ingresado a la sede del Poder Ejecutivo para detener a una persona.

Otro hecho que causó una doble sorpresa durante la jornada fue la súbita renuncia del abogado de Castillo y su esposa a seguir defendiéndolos, y su posterior anuncio, unas seis horas más tarde, de que volvía al equipo de defensa legal de la pareja presidencial.

“Me reuní con el Presidente y me pidió reconsiderar mi renuncia. Volvemos, más fortalecidos, a la defensa jurídica del Presidente y la Primera Dama” dijo el abogado Benji Espinoza en un asombroso y escueto mensaje en Twitter.

El litigante había anunciado casi al mediodía de este miércoles que “no voy a señalar las razones de mi renuncia”, invocando el secreto profesional con su cliente para evitar detalles.

Cuando informó a la prensa que abandonaba la defensa de Castillo, Espinoza afirmó que existe “un linchamiento porque nunca un presidente ha sido investigado por la justicia”.

De su lado, la presidenta del Congreso, Lady Camones, pidió a Castillo permitir a la fiscalía investigar a su entorno.

“El país necesita respuestas claras sobre cada uno de los actos de corrupción que involucrarían al presidente Pedro Castillo, a su familia y a sus funcionarios más cercanos”, tuiteó la jefa del Congreso.

¿Organización criminal?

“De los actos de investigación y diligencias realizadas se advierte la existencia de una organización criminal dedicada a la comisión de diferentes modalidades delictivas”, dice la resolución del juez de la Corte Superior de Justicia Penal Especializada, Raúl Justiano Romero, que autorizó el allanamiento y detención de la cuñada.

Según el documento judicial, difundido por la prensa, Castillo es el presunto jefe de esa supuesta organización criminal, su esposa Lilia Paredes uno de los “coordinadores” y la cuñada uno de sus “testaferros”.

La cuñada de Castillo es la cuarta persona del entorno presidencial investigada por corrupción.

Castillo cumplió en julio un año en el poder, y además del cerco judicial ha enfrentado dos intentos de destitución del Congreso, y cuenta una desaprobación de 74% en la opinión pública, según encuestas.

Los otros colaboradores de Castillo procesados son un sobrino que fungía de asesor y el exministro de Transporte, ambos prófugos de la justicia, y un exsecretario presidencial.

Este último se entregó la semana pasada y busca llegar a un acuerdo de colaboración con la fiscalía para reducir eventuales penas por los presuntos delitos.

La primera dama Lilia Paredes también compareció el mes pasado ante una comisión de investigación parlamentaria. Sin embargo, la esposa del presidente se negó a responder a los legisladores “por recomendación de mi abogado”.

Lilia Paredes ya había declarado ante el ministerio público por el mismo caso, respondiendo todas las preguntas.

FUENTE: AFP