Más de 60 organizaciones de la sociedad civil plantearon al Congreso de Brasil, así como a inversionistas y parlamentarios extranjeros prohibir durante cinco años la deforestación en la Amazonía brasileña.

La medida hace parte de cinco acciones de emergencia que fueron comunicadas mediante una carta por las organizaciones ambientalistas para contener la devastación en la mayor selva tropical del planeta, según informó la red Observatorio del Clima.

La deforestación, una de las principales causas de los incendios, se disparó un 85 % en 2019, con 9,165 kilómetros cuadrados de selva talados, y para este año se estima que rompa un nuevo récord avance hasta los 12,000 kilómetros cuadrados e incluso que pueda extenderse hasta los 13.000, según la Red.

El año pasado, la magnitud de los incendios en la Amazonía brasileña causó conmoción en el mundo entero. Solo en agosto, se contabilizaron más de 30,000 focos, afectando también a varios pueblos indígenas que habitan en la selva.

En la carta, las organizaciones recuerdan que Brasil, a principios de siglo, logró reducir la tasa de deforestación y al mismo tiempo expandir la producción agrícola.

“El Gobierno actual, sin embargo, no muestra ningún vestigio de interés o capacidad para seguir este camino”, afirma el documento.

“Sus acciones se basan en medidas falaces y campañas publicitarias que intentan enmascarar la realidad. Incluso enviar Fuerzas Militares al Amazonas ha sido ineficaz “, agrega.

Pese a que la petición busca frenar la tala de árboles por cinco años, exime algunas actividades relacionadas con la subsistencia de los pueblos tradicionales, como la agricultura familiar y los planes de manejo sostenible de la madera.

Otras medidas de emergencia planteadas por las organizaciones son: endurecer las sanciones por delitos ambientales, reanudar el plan de control de deforestación, demarcar tierras indígenas (así como titular territorios quilombolas y crear 10 millones de hectáreas en unidades de conservación) y reestructurar algunas entidades ambientales del Gobierno actual.

De acuerdo con los últimos datos oficiales, en junio pasado fueron detectados en la Amazonía brasileña 6,803 focos de incendio, frente a los 5,318 focos registrados en el mismo mes de 2019.

Ello ha ocurrido a pesar de que, desde hace más de cuatro meses, en la región están desplegados unos 4,000 soldados de las Fuerzas Armadas con la misión de combatir crímenes medioambientales, como la tala de árboles y la minería ilegal.

El Gobierno también ha prohibido temporalmente la utilización de fuego para preparar los campos de siembra, práctica tradicional usada hasta por las poblaciones indígenas.

Esas medidas no han terminado de convencer a organizaciones defensoras del medio ambiente y tampoco a grandes inversores globales, que han llegado a amenazar con revisar sus posiciones en Brasil, si el Gobierno no garantiza la protección del bioma amazónico.